seguridad

Un mes después del sismo, la vigilancia y la colaboración vecinal persisten en los sectores más afectados.

Las medidas anunciadas desde Barranquilla suprimen incentivos al diálogo y refuerzan el enfoque punitivo.

El excomandante militar reemplazó a Carlos Andrés Ríos Puerta tras decreto firmado el 9 de septiembre.

Actualmente, 14 dispositivos similares han protegido a más de 25.000 usuarios entre 2024 y 2025.

Las intervenciones técnicas tendrán lugar los días 9 y 10 de septiembre en predios puntuales del sector.

El uso de tecnología bélica y estrategias renovadas profundiza la incertidumbre en comunidades locales.

Mientras aumenta la presión militar, organizaciones civiles alertan sobre riesgos para los derechos humanos.

Mientras el gobierno refuerza sus operativos, organizaciones sociales alertan sobre el aumento del riesgo humanitario.

La ofensiva coincide con un aumento del desplazamiento interno y restricciones a la movilidad local.

La cita en Barranquilla incluyó la firma de memorandos clave sobre energía y recursos estratégicos.

El bloque parlamentario resultante redefine el equilibrio de poder en pleno período legislativo.

El análisis incluyó el impacto del sismo ocurrido el 8 de febrero y las prioridades fijadas desde entonces.

El hallazgo generó tensión entre comerciantes y vecinos, en un año marcado por el aumento de homicidios.

Al menos ocho personas resultaron afectadas por el robo, ocurrido el pasado domingo 2 de junio.

El asalto ocurrió el viernes 4 de septiembre y fue grabado por cámaras de seguridad del sector.

El video del asalto, ocurrido el 4 de septiembre, avivó el reclamo ciudadano por mayor vigilancia policial.

El operativo en Riohacha ocurrió semanas después de que el gobierno cancelara los diálogos con las ACSN.

El Concejo Municipal aún analiza el proyecto, mientras la región enfrenta presión por recientes casos de extorsión.

Durante tres días, equipos interdisciplinarios intervinieron puntos estratégicos del centro capitalino.

El operativo, realizado en la noche del 4 de septiembre en La Guajira, dejó también cuatro fallecidos adicionales.

Vecinos de barrios aledaños también dependen de este parque y de la seguridad en la zona del humedal.

De cara a las elecciones de 2027, nuevos protagonistas buscan renovar el escenario político en el Tolima.

En septiembre, la delegación colombiana presentará nuevas propuestas sobre cooperación en temas tecnológicos y de seguridad.

El balance de gestión contempla inversiones inéditas y programas sociales ampliados para impactar más sectores.

El hallazgo de una ventana rota y una bala disparada en septiembre intensificó la preocupación institucional.

Durante la jornada se presentaron cifras inéditas de seguridad, movilidad y emprendimiento local.

En una zona estratégica para la criminalidad, el operativo se produjo tras meses de seguimiento e inteligencia.

El mandatario destacó que una red de transporte eficiente es crucial para el desarrollo urbano sostenible.

Vecinos de Nueva Tequendama han reforzado su organización y vigilancia tras el violento sismo de marzo.

En municipios como Sevilla y Buenaventura se implementan medidas económicas y caravanas solidarias, según autoridades.

Durante los primeros cien días, la administración prevé más de diez operaciones militares de alto impacto.

El traslado de la mandataria coincide con operativos militares y una emergencia ambiental por incendios.

Tres personas han sido capturadas por el hecho, mientras avanzan operativos y recompensas oficiales.

La conmoción generada llevó a reforzar la vigilancia y a ofrecer recompensa por información clave.

Entre enero y junio, la gestión local superó metas financieras y ejecutó mejoras en seis barrios claves.

La reciente asignación presupuestal para la JEP supera los 820.000 millones de pesos en 2027.

El hecho ocurrió en Nariño y ha generado reacciones diplomáticas entre Francia y Colombia.

La intervención tecnológica contará con dispositivos de monitoreo en tiempo real y equipos de reacción rápida.

La familia del activista cuestionó la decisión y el plazo de 10 días para apelarla, al advertir que su madre ha sido amenazada y perseguida.