ministerio de hacienda

El proyecto ingresó al trámite legislativo con el respaldo del Ministerio de Hacienda y voces gremiales preocupadas.

Mauricio Cárdenas respaldó el paquete fiscal gubernamental, advirtiendo que resulta urgente para evitar una grave crisis financiera en la nación.

El ajuste podría representar ingresos adicionales por 0,2% del PIB para 2027, según proyecciones oficiales.

El gasto administrativo estatal alcanzará 17,2 % del PIB en 2025, según proyecciones oficiales.

La iniciativa hace parte del proyecto que el Gobierno presentó en el Congreso y contempla modificaciones en condiciones de tributación de personas naturales.

Según el texto presentado, las reformas tendrían un plazo máximo de seis meses para su implementación.

Las próximas fases internas definirán la participación de miles de delegados y un nuevo rumbo estatutario.

El Ministerio advierte que modificar la base de cálculo incidiría en el déficit fiscal de 2025.

El respaldo económico solicitado asciende al 70 % de la inversión total y sería clave para destrabar la obra.

La redistribución propuesta busca responder a emergencias recientes y solventar riesgos críticos en la infraestructura nacional.

Las autoridades de la cartera económica omitieron todavía publicar la cuantía global de la colocación y el cupón de rentabilidad definitivo aplicable.

La falta de detalles oficiales ha incrementado la incertidumbre en el entorno político y económico nacional.

El error procesal dejó sin sustento legal a partidas regionales y acuerdos logrados durante la plenaria.

La decisión del Ejecutivo excluye reformas introducidas en los últimos debates legislativos del Capitolio.

El monto definitivo fijado por decreto asciende a 634,9 billones de pesos tras maratónicas sesiones.

La redistribución afecta directamente a organismos clave y anticipa tensiones fiscales en el contexto preelectoral.

El saldo de las obligaciones internas registró su mayor alza en una década, según datos oficiales.

El ejecutivo propone cambiar las reglas de las rentas vitalicias tras una caída del 64 % en su emisión y mayores costos para financiar estas pensiones.

Becerril y Agustín Codazzi proyectan incrementos históricos en sus ingresos gracias a nuevos proyectos mineros.

El mandatario inició su recorrido en Hacienda justo cuando el Congreso debate el Presupuesto 2027.

La redistribución de partidas crea nuevas disputas entre sectores y regiones, impactando prioridades estatales.

Las recientes reuniones del gabinete y los órganos de control buscan afianzar la hoja de ruta fiscal para 2027.

El nuevo esquema busca canalizar recursos extraordinarios hacia respuestas más efectivas ante catástrofes.

Bajo la administración de Jaime Uribe Tamayo, el Fondo gestionará recursos nacionales e internacionales.

La administración del fondo estará bajo responsabilidad de Jaime Uribe Tamayo, designado el 21 de agosto.

La revisión técnica solicitada al FMI se da en un momento donde la deuda pública alcanza niveles récord.

Las plenarias deberán analizar más de 615 proposiciones presentadas sobre el monto del presupuesto.

Durante el debate se revelaron cifras inéditas sobre déficits y transferencias en entidades clave del Estado.

Miguel Gómez habló sobre una propuesta que será llevada al Congreso en octubre, donde comenzará el trámite para modificar este cobro sobre las transacciones.

El presidente dijo que esa negociación buscará buscar una salida a la crisis fiscal que, asegura, heredó del gobierno Petro.

El informe oficial advierte que las señales públicas quedarían expuestas a interrupciones regionales inéditas.

La ponencia oficial estableció una reconfiguración interna del gasto asignado a la JEP, los sectores de salud, deporte y la rama Judicial.

La infraestructura del Senado, con más de cien años, afronta retos por falta de inversión estatal.

Las solicitudes de inversión hechas por regiones y entidades públicas ya superan el presupuesto de años anteriores.

El presupuesto estimado para cubrir las obligaciones de Colpensiones en 2027 supera los $96 billones.

Las colecciones, que suman más de tres millones de ejemplares, están en riesgo por falta de recursos.

Según cifras oficiales, el recorte impactaría áreas clave como agricultura, minería, energía y educación.

Los ajustes contemplados entrarían en marcha gradualmente, tras la aprobación de reformas en el Congreso.

La discusión llega mientras la justicia ordinaria enfrenta un rezago de más de 2,2 millones de procesos.