extorsión

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en septiembre de 2025 ante la escalada del conflicto.

El reciente hecho se suma a una serie de ataques que han aumentado la tensión entre los pobladores del sur del Huila.

Tras recibir la denuncia, tropas del Gaula activaron la búsqueda y presionaron a los captores, quienes, al verse rodeados, dejaron al comerciante en libertad.

Las grabaciones analizadas corresponden a la madrugada del domingo y desvelan nuevas maniobras de ocultamiento.

La investigación involucra presuntos nexos con la organización criminal "Las Salsas Mexicanas" y retenciones en Cartagena.

Durante agosto de 2026, los secuestros disminuyeron notablemente frente a años anteriores.

El Parqueadero de Cenaprov, escenario del violento ataque, llevaba meses bajo vigilancia policial.

La captura ocurrió en Barranquilla tras meses de seguimiento judicial y análisis de pruebas clave.

La detención ocurrió en Barranquilla tras denuncias de amenazas y exigencias de dinero a contratistas oficiales.

El expediente fue trasladado desde Barranquilla a Bogotá y está en manos de una fiscalía especializada.

Everth Julio Hawkins fue capturado por la Fiscalía por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de San Andrés.

Presuntos integrantes de la peligrosa banda habrían extorsionado a conductores informales de Bosa, con cobros semanales, amenazas y un secuestro.

La instalación formal contó con la presencia de altos mandos policiales y del Ministerio de Defensa.

En el operativo participaron unidades del Gaula Militar que lograron recuperar a la víctima ilesa.

La captura ocurrió tras meses de inteligencia, involucrando a varias agencias y fuerzas especiales en Meta.

La visita oficial incluyó anuncios en salud, turismo y justicia, con presencia de altos funcionarios nacionales.

Durante los primeros nueve meses de 2026, Bogotá registró caídas sostenidas en hurtos, homicidios y extorsiones.

El ataque, que ocurrió a las 2:00 a.m., ha causado preocupación entre los habitantes de Acacías.

El asesinato impacta a una comunidad que ya había denunciado múltiples amenazas y exigencias de dinero.

La presión de grupos criminales como ‘Los Satanás’ habría obligado al cierre del establecimiento afectado.

Las primeras pesquisas apuntan a conexiones con bandas armadas activas en el sur del departamento.

Durante el operativo del 6 de octubre también fueron liberados cinco menores reclutados ilegalmente.

La citación judicial marca un punto clave tras meses de denuncias, videos y medidas de protección adversas.

La sentencia definitiva, que precisará la condena, será leída públicamente el 4 de noviembre.

Durante más de una década estuvo privado de la libertad hasta que la JEP revisó testigos y pruebas nuevas.

En octubre de 2025, la Policía le atribuyó la coordinación del desplazamiento de 2.300 personas.

Agentes de distintas entidades lograron 30 capturas y 17 allanamientos en seis localidades capitalinas.

Las detenciones se realizaron tras meses de investigaciones en municipios claves del área metropolitana de Medellín.

Las recientes capturas en el municipio reflejan el aumento de la tensión y la urgencia de acciones preventivas.

El operativo, realizado el 1 de octubre, reavivó temores previos y motivó nuevas acciones de protección.

El presidente de la República aseguró que el operativo también permitió incautar 1.195 elementos y afectar estructuras como el Eln y el Clan del Golfo.

Durante los registros se incautaron armas, explosivos y $30 millones cuyo origen aún se investiga.

Algunos ciudadanos aseguraron que una de las sospechas sería que el salario fuera muy alto o que la persona sea citada en un lugar lejano o extraño.

En el barrio San Diego se inspeccionaron tres bares tras denuncias recurrentes por alteraciones al orden.

La intervención se realizó días después del traslado de internos provenientes de distintas zonas del país.

En los recientes allanamientos se confiscaron millones en efectivo y equipos usados para extorsionar.

El impacto en la economía local se hace evidente mientras los patrullajes y la vigilancia oficial aumentan.

Durante este periodo, la agenda legislativa ha debido responder a emergencias y crisis sectoriales inéditas.

El hallazgo de panfletos atribuidos a las ACSN y la incautación de explosivos reavivaron la preocupación local.