ministerio de justicia

La carta de renuncia fue entregada al ministro Iván Cancino un día antes de hacerse efectiva la salida.

La sanción se produjo justo antes de la expiración de la Ley de Orden Público, marcando una ruptura con políticas anteriores.

Las hojas de vida de Onzaga y Zuluaga ya pueden consultarse en el portal oficial de Presidencia.

Luis Francisco Ramírez Sáchica contaba con más de 18 años de servicio al Inpec cuando fue atacado en Cali.

El crimen generó reacción inmediata de las autoridades y encendió alertas sobre recientes ataques a personal penitenciario.

El caso ha provocado una revisión de protocolos penitenciarios y un llamado urgente a reforzar la prevención.

El episodio se inscribe en un clima de creciente presión sobre quienes encabezan entidades de control en Colombia.

La alerta surgió tras un reporte enviado desde un centro penitenciario y notificó a autoridades judiciales.

El articulado se discute tras una reunión clave en el Ministerio de Justicia y con mensaje de urgencia.

El ministro de Justicia presentó el oficio ante la Fiscalía el 19 de octubre, en medio de crecientes señalamientos.

El hecho ocurrió en Girón solo dos días después del homicidio de otro guardia penitenciario en Cúcuta.

La advertencia de Iván Cancino apunta a que el Gobierno buscará judicializar a quienes amenacen o ataquen a los funcionarios penitenciarios.

Todo se da luego del ataque que sufrieron los dos integrantes del Inpec que fueron atacados en Barranquilla luego de que salieran de turno en un penal.

Los atentados recientes se suman a una cadena de agresiones reportadas en varias ciudades del país.

Las amenazas crecientes encendieron alertas entre autoridades y sindicatos carcelarios en Barranquilla.

El nuevo modelo judicial prevé etapas más breves y mayor protagonismo del juez de control de garantías.

El traslado se realizó pese a que la Fiscalía advirtió amenazas y un alto nivel de riesgo para ambos testigos.

La orden del Inpec ocurre mientras el caso suma detenidos de alto perfil y crecen las preocupaciones legales.

El ministro Eduardo Álvarez-Beltrán Cancino aseguró que las víctimas tendrán un papel clave al decidir sobre beneficios y posibles suspensiones de condenas.

Tras cuatro años de suspensión, el presupuesto para la megaobra se disparó a casi 366.000 millones de pesos.

Con una inversión estatal cercana a los 200.000 millones de pesos, la obra alcanza ya el 86 % de avance.

El caso tomó relevancia tras la publicación de las resoluciones 348 y 349, emitidas en 2026.

El Ministerio de Justicia solicitó la renuncia protocolaria a los diez expertos que integran la Comisión Asesora de Política Criminal del país.

El Ejecutivo prevé radicar la nueva iniciativa legal durante la tercera semana de junio, según fuentes oficiales.

El acuerdo destina recursos para fortalecer mecanismos comunitarios de justicia en zonas priorizadas del país.

El convenio, con vigencia hasta diciembre de 2026, proyecta 70 capacitaciones y 14 jornadas móviles.

La alianza estará vigente hasta diciembre de 2026 y abarca una inversión superior a $1.500 millones.

El acuerdo prevé asistencia técnica, 70 capacitaciones y 14 jornadas móviles hasta diciembre de 2026.

La iniciativa abarca desde diagnósticos participativos hasta jornadas móviles y reportes de impacto en 140 municipios.

El convenio contempla cinco grandes metas nacionales, con recursos asegurados hasta diciembre de 2026.

La iniciativa beneficiará a 140 municipios y estará vigente hasta diciembre de 2026, según el acuerdo oficial.

Los recientes comunicados buscan equilibrar la protección constitucional con la capacidad de respuesta estatal.

El general Jorge Mora e Iván Cancino respondieron a la orden del presidente De la Espriella de coordinar en una semana la entrega del cabecilla de las ACSN.

La solicitud fue emitida tras la reciente entrevista donde Castillo planteó condiciones para su entrega.

Según proyecciones oficiales, las tutelas en Colombia superarían 1,2 millones en 2025.

Las nuevas instalaciones, de 36.000 m², también incluyen áreas diferenciadas para mujeres e indígenas wayuu.

Durante la cumbre en Bolívar, se decidió cerrar las mesas de diálogo establecidas en años recientes.

En el país, este trámite implica costos específicos y puede requerir la intervención de varias entidades oficiales.

La nueva normativa incluye sanciones económicas, restricción laboral y campañas de sensibilización nacional.