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El denominado «Pacto de Valledupar» ha originado una fuerte controversia a nivel nacional, luego de que trascendieran supuestas reuniones secretas entre delegados del Gobierno nacional y antiguos jefes paramilitares en la capital del Cesar. Esta situación llegó a instancias judiciales, tal como quedó consignado en un oficio presentado el lunes 19 de octubre por Iván Alfonso Cancino González, ministro de Justicia y del Derecho, ante la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. La petición del funcionario se centra en esclarecer, a través de una investigación penal rigurosa, los detalles detrás de estos encuentros y las motivaciones que pudieron haber estado en juego.
La solicitud del ministro se fundamenta en recientes declaraciones y publicaciones que han vuelto pública la polémica. Entre ellas figuran las confesiones de Angie Rodríguez, quien fuera directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); una columna de Melquisedec Torres en El Colombiano; y los señalamientos ofrecidos por Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, a Caracol Radio. Según Cancino, el objetivo es indagar si existió alguna operación para involucrar de manera falsa a personas en delitos, o si estos señalamientos forman parte de una estrategia para manipular la acción de la justicia con fines políticos.
El expediente que acompaña la petición indica que las presuntas citas tuvieron lugar en Valledupar a finales de 2025 y habrían convocado a nombres reconocidos de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias «Martín Llanos». Aunque inicialmente se planteó reabrir el proceso de Ralito, diferentes testimonios sugieren que el fin verdadero habría sido sacar declaraciones incriminatorias contra figuras como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras, ofreciendo a los exjefes beneficios como acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), libertad anticipada y mejores condiciones carcelarias para familiares, según la información reseñada por Caracol Radio y El Colombiano. Sin embargo, los propios excomandantes habrían rechazado la propuesta, asegurando que "nunca hubo ningún pacto", como señaló Villamizar.
Ante las inconsistencias en las fechas mencionadas por los distintos involucrados y la gravedad de estas acusaciones, el Ministerio de Justicia pidió investigar a fondo quiénes financiaron, convocaron y organizaron estos encuentros. Para ello, requirió que la Fiscalía evalúe testimonios, registros y posibles pruebas de delitos como falsa denuncia, falso testimonio, soborno o fraude procesal, y determine si el caso ya está bajo el escrutinio de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué se sabe hasta el momento sobre el «Pacto de Valledupar» y sus protagonistas?
Hasta ahora, las investigaciones y testimonios se centran en reuniones secretas entre funcionarios del Gobierno nacional y exjefes paramilitares en Valledupar, presuntamente programadas a finales de 2025. Los nombres que más se repiten en las versiones divulgadas pertenecen a Angie Rodríguez, Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta, Héctor Germán Buitrago (‘Martín Llanos’), y asesorías como la de Juan Carlos Villamizar y Víctor de Currea Lugo. No hay evidencia concluyente de un pacto, y los contactos suscitan dudas sobre intentos de involucrar en delitos a figuras políticas y jurídicas de alto perfil, según Caracol Radio y El Colombiano.
¿Cuáles son los delitos que se investigan en torno al «Pacto de Valledupar»?
El Ministerio de Justicia solicita que la Fiscalía considere posibles delitos como falsa denuncia contra persona determinada, falso testimonio, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La petición también incluye determinar si la trama corresponde a los delitos investigados por la Dirección Especializada contra la Corrupción, para establecer si se trató de un intento de manipular la justicia con fines políticos, según el oficio oficial citado en el texto.
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