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En los próximos días llegará hasta el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento que contempla el presidente Abelardo De La Espriella, con el fin de que se inicie el trámite legislativo de los cuatro debates reglamentarios que tiene que superar, en Senado y Cámara de Representantes, antes de ser eventualmente aprobada.
De esa manera, lo confirmó este lunes el Ministro de Justicia, Iván Cancino, a través de un video enviado al conversatorio nacional de Justicia y Paz en Barranquilla, el cual se llevó a cabo en el hotel Dann Carlton, y cuyo título fue “Justicia que escucha, repara y transforma”.
Durante su intervención, el ministro sostuvo que serán las víctimas las que “decidirán sobre la otorgación de beneficios o suspensiones de condenas” para los criminales de los diferentes grupos armados.
“Este Gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones. Toda discusión para quien se quiera someter será jurídica y esta semana o a más tardar la otra, el país conocerá la ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, dijo inicialmente.
#JusticiaYPaz | El ministro Iván Cancino González reafirmó que cualquier proceso de sometimiento debe partir de reglas claras, verdad, reparación efectiva y garantías para las víctimas.
📺 Intervención completa: https://t.co/5lLp8T4kLT https://t.co/mC2OsOrupH
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 5, 2026
“Seremos un Gobierno que respete los tratados internacionales, la Constitución, los compromisos adquiridos. La persona que quiera entregar las armas, dar la información y proteger a la víctima, va a tener los mecanismos legales, pero también entiendan que quien rete al Estado, que no acepte esto, que quiera seguir delinquiendo, va a ser perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la ley”, agregó.
Además, Cancino especificó que las estructuras armadas interesadas en abandonar las armas deberán entregar “rutas de movilización, fuentes de financiación y hasta nexos de corrupción con políticos”. Los argumentos que entregó para ello se basan en que “no solo se debe realizar una entrega económica, sino también de “verdad, perdón y esclarecimiento”.
En otras palabras, acotó que “quien pide beneficios extraordinarios al Estado, tiene que cumplir obligaciones extraordinarias frente a las víctimas”.
Sobre los retos que tendrá el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella indicó que se buscará acelerar los procesos pendientes de Justicia y Paz, priorizarlos y mejorando sus herramientas de gestión judicial; se protegerá la información producida durante los últimos 20 años y se fortalecerá la ejecución de las decisiones.
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