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El reciente traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota ha generado una fuerte controversia, sumando nuevas preguntas al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con El Espectador, las defensas de ambos testigos clave han criticado la decisión tomada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El principal argumento: este cambio podría desconocer decisiones judiciales que buscaban garantizar su seguridad, estableciendo condiciones especiales de reclusión tras su colaboración con la justicia.
El abogado Gustavo Moreno, representante de Pinilla, explicó a El Espectador que rechaza el traslado a La Picota. Advirtió que le causa preocupación el antecedente del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien antes de ocupar este cargo fue abogado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), procesado y prófugo dentro de este mismo escándalo. Moreno enfatizó que fue Cancino quien eligió al director actual del Inpec, encargado de firmar la orden de traslado, y recordó que existen resoluciones judiciales vigentes que imponen condiciones de protección para quienes colaboran con la investigación.
Este contexto se agrava debido a que La Picota también alberga a otros investigados en el entramado de corrupción, señalados por los mismos testigos, como Wadith Manzur, Iván Name y Andrés Calle. Cuando se determinó la reclusión inicial de López y Pinilla en una guarnición militar, fue precisamente por el “riesgo extremo” advertido por la Fiscalía, sustentado no solo en amenazas sino en situaciones concretas: personas privadas de la libertad indagaban por los movimientos de Pinilla y, además, le ofrecieron dinero para que guardara silencio.
Según la jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca, incluso ubicar a Pinilla en un pabellón especial de una cárcel ordinaria constituía un peligro, por lo que ordenó su permanencia en instalaciones militares. La defensa de López, representada por José Moreno, coincidió en que el traslado ignora la autoridad judicial mientras no sea aclarada o replanteada por un juez. Los abogados responsabilizan anticipadamente al Inpec y a quienes ejecuten la medida si ocurre alguna afectación contra la vida o integridad de los testigos.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella asumió la decisión e insistió públicamente que quienes estén involucrados en la corrupción no deben recibir privilegios, negando la existencia de cárceles VIP bajo su gobierno. Sin embargo, las defensas advierten que el traslado puede poner en riesgo no solo a los testigos, sino a la investigación misma. Desde el Ministerio de Justicia, la oficina de prensa indicó a El Espectador que ahora todas las comunicaciones deben pasar por Presidencia, dejando sin respuesta directa las inquietudes de los abogados defensores.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué la defensa de Olmedo López y Sneyder Pinilla se opone al traslado a La Picota?
La defensa se opone porque, según lo registrado por El Espectador, existen decisiones judiciales vigentes que ordenaban la reclusión de los testigos en instalaciones especiales militares debido a un "riesgo extremo" evaluado por la Fiscalía. Argumentan que el traslado a La Picota desconoce estas resoluciones, poniendo en peligro la vida de López y Pinilla, quienes han colaborado en la investigación por corrupción en la Ungrd y pueden estar expuestos a represalias dentro de una cárcel ordinaria.
¿Qué papel tuvo el ministro de Justicia en la decisión de trasladar a López y Pinilla?
De acuerdo con El Espectador, el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, fue quien designó al director del Inpec que firmó la orden de traslado de López y Pinilla a La Picota. La defensa de los testigos resalta que Cancino fue anteriormente abogado de Carlos Ramón González, uno de los principales investigados y prófugos de este caso, lo que agrega un elemento de controversia al proceso debido a posibles conflictos de interés y a la preocupación de que se estén ignorando decisiones judiciales previas.
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