defensoría del pueblo

La presencia de grupos armados ilegales ha incrementado el confinamiento y amenazas en municipios rurales.

La decisión judicial busca proteger a la infancia ante el riesgo de daños psicológicos generados por estas imágenes.

Las objeciones surgieron después de que la funcionaria reclamara en una carta enviada este martes.

El ministro Rodrigo Lara respaldó la actuación estatal frente a grupos armados, tras la crítica de Marín.

El intercambio entre ambas instituciones ocurre mientras crecen las operaciones contra estructuras ilegales en zonas rurales.

El debate resurge tras recientes operativos en los Llanos Orientales y genera alarma en organismos internacionales.

El pronunciamiento de Iris Marín el 6 de septiembre introdujo un nuevo foco sobre los límites éticos en la comunicación estatal.

La controversia involucra tensiones institucionales en medio de crecientes alertas sobre derechos humanos en el país.

Según la Secretaría de Gobierno, la movilización bloqueó vías y afectó rutas de TransMilenio ese día.

El debate evidenció profundas tensiones sobre los límites éticos del accionar estatal en contextos de conflicto.

El colectivo Resistencia Chiquita, integrado por niñas rurales, impulsó la protesta tras una directiva regional.

La controversia resurge mientras la Defensoría demanda cambios en los protocolos de comunicación oficial.

La funcionaria recordó antecedentes como los falsos positivos y alertó sobre riesgos de deshumanización estatal.

La alerta de la Defensoría advierte sobre el fortalecimiento de grupos armados en esta zona fronteriza.

Para los reclutadores, los niños son solo carne de cañón, elementos sin importancia, prescindibles, que se pueden exponer a grandes peligros o a la muerte.

La llegada de Esmeral Ramírez ocurre en un momento clave para fortalecer la planificación agraria nacional.

Las organizaciones sociales han solicitado medidas urgentes tras la muerte de cuatro adolescentes en agosto.

El 23 de mayo, la Defensoría pidió información detallada sobre la directriz aplicada en el Huila.

En menos de un mes, más de 1.400 personas de esta región han debido abandonar sus hogares por la violencia.

Human Rights Watch y Defensoría del Pueblo muestran la grave situación de orden público que vive Colombia, con especial énfasis en el reclutamiento de menores.

La medida afecta la comunicación en municipios claves como Bojayá, Ituango o Chaparral, según la Flip.

En Coello y otras zonas críticas, familias han debido evacuar ante la amenaza directa de las llamas.

El monitoreo de la Defensoría abarca otras veredas en riesgo, como El Torrente, La Rica y San Luis.

En al menos siete veredas de Linares y Los Andes, incendios y ataques recientes ponen en jaque a cientos de familias.

Entre enero y junio de 2026, Cauca y Guaviare concentran el mayor número de víctimas documentadas.

Autoridades y organismos internacionales aún no han enviado ayuda a los 200 afectados en el resguardo.

La falta de coordinación entre entidades amenaza la protección de 78 municipios en alerta máxima.

La nueva cúpula del ministerio asume sus cargos en medio de desafíos institucionales clave para el país.

La funcionaria advirtió sobre la urgencia de censos actualizados y el déficit en atención a comunidades indígenas.

El despliegue de personal de la Defensoría comenzó tras reportes de heridos y daños en viviendas.

El uso de drones artesanales con explosivos y el confinamiento de familias genera alarma en organismos de derechos humanos.

Durante esos dos días, se registró un aumento inusual de hostilidades en diez departamentos clave.

El comunicado oficial solicita a la Fiscalía y la UNP acciones urgentes para proteger a Penagos y el personal electoral.

La entidad rechazó los mensajes intimidatorios contra el registrador y funcionarios de la Registraduría, pidió investigar a responsables de las publicaciones.

El debate judicial reabre cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante alertas previas de violencia.

La Alerta Temprana 019 de 2025 advierte sobre nuevos riesgos para campesinos en el nordeste de Antioquia.

La Defensoría del Pueblo constató afectaciones en derechos comunitarios y el entorno natural del municipio.

Durante 2025, la Defensoría ha registrado al menos seis asesinatos ligados a esta expansión armada.

Por primera vez, la Sala Especial de Primera Instancia estará conformada únicamente por magistradas.