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La Defensoría del Pueblo solicitó que el diálogo y la mediación sean las herramientas principales para atender las movilizaciones sociales previstas para este 14 de octubre. Estas manifestaciones, organizadas por sectores sociales y de oposición política, se desarrollarán en 62 puntos distribuidos en 31 departamentos. De acuerdo con información citada de El Espectador, la entidad mostró inquietud por la entrada en vigor del Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que regula la actuación de la Fuerza Pública ante protestas. Esta normativa será aplicada por primera vez en la jornada señalada.
Según la Defensoría, los organizadores de la protesta ejercen su “legítimo derecho constitucional”, el cual les otorga la facultad de manifestarse, expresar inconformidades y visibilizar reclamos. La entidad alertó que el decreto califica como protestas violentas hechos que no necesariamente lo son, ya que muchas acciones, aunque afecten derechos de terceros, corresponden al carácter disruptivo inherente a la manifestación social. Como ejemplos mencionó la obstrucción de vías o la suspensión de servicios, situaciones que pueden generar molestias, pero no significan violencia.
Para apoyar esa interpretación, la Defensoría citó al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que diferencia la violencia del ejercicio pacífico de la protesta; aclara que actos como empujones o interrupciones del tráfico no constituyen por sí mismos conductas violentas.
Otro aspecto que preocupa a la entidad es la reducción de la fase de diálogo y mediación que, con la nueva normativa, podría quedar limitada, favoreciendo el uso prematuro de la fuerza. En el comunicado, advirtió que la simple presencia de gestores de convivencia no significa agotar la mediación y que este cambio incrementaría las tensiones sociales.
Estas preocupaciones coinciden con los reparos de congresistas de oposición, quienes han promovido demandas de nulidad y acciones de tutela contra el decreto. Sostienen que el diálogo, lejos de ser un deber, se convierte en una opción, ampliando los motivos de intervención frente a bloqueos.
La Defensoría enfatizó que las movilizaciones no representan problemas de orden público ni de terrorismo, por lo que la respuesta institucional debe privilegiar la garantía del derecho a la protesta, sin importar el gobierno ni los motivos ciudadanos. Recordó que la autoridad debe actuar bajo límites constitucionales, garantizando derechos, usando el uso de la fuerza solo como último recurso y promoviendo alternativas menos perjudiciales para la ciudadanía.
En cuanto a la judicialización de los manifestantes, la Defensoría remarcó la importancia del debido proceso y la individualización de responsabilidades, en especial respecto a detenidos extranjeros, para quienes la expulsión debe ser excepcional y acorde con garantías constitucionales.
La entidad reiteró el llamado a la responsabilidad tanto de organizadores como participantes, invitándoles a mantener protestas pacíficas, facilitar los servicios esenciales y evitar que la discusión pública se enfoque en actos de violencia, lo que puede tergiversar el mensaje de la protesta. Durante la jornada, la Defensoría acompañará las movilizaciones, supervisará la actuación de las autoridades y promoverá la protección de los derechos humanos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué establece el Decreto 1525 sobre la actuación de la Fuerza Pública en protestas?
De acuerdo con la información de El Espectador, el Decreto 1525 de 2026 regula cómo debe actuar la Fuerza Pública ante manifestaciones sociales. Entre los principales reparos, la Defensoría del Pueblo argumenta que el decreto amplía la definición de protesta violenta e intenta reducir la importancia del diálogo y la mediación. Esto podría llevar a un uso más rápido de la fuerza, ante actos que tradicionalmente no han sido considerados violentos, como bloqueos o interrupciones de servicios, y que forman parte del carácter disruptivo de la protesta social.
¿Por qué es importante el debido proceso durante las detenciones en protestas sociales?
La Defensoría del Pueblo subraya que, en el contexto de las movilizaciones, es fundamental respetar el debido proceso para evitar vulneraciones a los derechos de los manifestantes. Especialmente en el caso de extranjeros, advierte que su nacionalidad no puede usarse como motivo para ignorar sus garantías, y que la expulsión debe ser excepcional y no una reacción automática ante la detención. Cualquier medida debe estar justificada, ser individualizada y respetar tanto el marco constitucional como las obligaciones internacionales del Estado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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