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El gobierno liderado por Abelardo de la Espriella ha actualizado la normativa para el manejo de manifestaciones públicas en Colombia a través del decreto 1525, que modifica y añade reglas al decreto 003 de 2021 en relación con la defensa del derecho a la protesta pacífica y la manera en que el Estado puede emplear la fuerza. Según lo expuesto en el documento, la novedad principal radica en que las autoridades deben mantener el diálogo y la mediación como herramientas fundamentales para el desarrollo armónico de las movilizaciones, pero esto no se transformará en un obstáculo que retarde la intervención ante la aparición de hechos violentos. De acuerdo con el decreto, la reacción policial puede dirigirse de forma puntual contra quienes incurran en violencia, sin olvidar la continuidad del diálogo con el resto de manifestantes.
El decreto especifica que, si desde el inicio de una concentración se detecta el porte o uso de armas, explosivos, artefactos peligrosos, o si ocurren retenciones de personas contra su voluntad, agresiones físicas o daños a la infraestructura, la intervención de la Policía podrá darse sin agotar todos los niveles previos de actuación. En estos escenarios, la justificación debe ser objetiva y verificable, y la decisión debe quedar respaldada en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU). Esto se realiza sin menoscabo de las garantías para quienes participan de manera pacífica, enfatizando que la verificación de comportamientos debe ser concreta y focalizada, sin caer en generalizaciones sobre los convocantes, los discursos, los rostros cubiertos o el carácter mismo de la protesta.
El decreto también introduce el principio de equilibrio constitucional, orientado a salvaguardar la coexistencia entre el derecho a la protesta y derechos como la vida, la salud, la movilidad, la educación y la prestación de servicios públicos esenciales. Bajo esta premisa, las autoridades deben sopesar sus decisiones, evaluando cuándo las afectaciones a otros derechos resultan desproporcionadas o generan una imposibilidad para su ejercicio.
Además, la nueva normativa robustecerá la planeación de las movilizaciones. Alcaldías y gobernaciones deberán contar con un Plan de Manejo de Tránsito y Movilidad Alternativa, detallando rutas críticas, vías alternas y mecanismos de señalización para la comunidad. Estos planes se activarán automáticamente si se identifica una obstrucción vial, incluso sin anuncio previo.
Se crean los denominados corredores solidarios, cuyo objetivo es asegurar el tránsito de ambulancias, socorristas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y el transporte de medicamentos y alimentos perecederos. Se suman medidas preventivas para proteger infraestructuras consideradas prioritarias, como hospitales, acueductos, servicios de energía y transporte público, así como la coordinación permanente de los Puestos de Mando Unificado antes, durante y después de las marchas.
El ministerio del interior tendrá un sistema de alertas tempranas para situaciones de conflictividad social, obligando a las autoridades a conformar mesas de diálogo en caso de alerta y a documentar los acuerdos en un sistema público. La normativa prohíbe emplear estas alertas para actividades de inteligencia contra manifestantes.
Este miércoles 14 de octubre, diferentes sectores sociales, entre ellos Fecode, centrales obreras y comunidades indígenas, se movilizarán rechazando anuncios gubernamentales sobre reformas laborales, pensionales y otros cambios económicos, evidenciando las tensiones que rodean la aplicación del nuevo decreto, de acuerdo con la información publicada en El Pilón.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los cambios clave del decreto 1525 sobre el manejo de protestas en Colombia?
El decreto 1525 establece que la policía puede intervenir sin agotar todos los niveles de actuación cuando se presenten situaciones graves y verificables, como el uso de armas o daños a la infraestructura, siempre dejando constancia en el acta del Puesto de Mando Unificado. Además, refuerza la protección de derechos de quienes se manifiestan pacíficamente, exige planes de tránsito y movilidad por parte de las autoridades y crea corredores solidarios para garantizar el tránsito de servicios y grupos vulnerables.
¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en las marchas y cuál es su función según el nuevo decreto?
El Puesto de Mando Unificado, de acuerdo con la normativa, es una instancia que debe operar antes, durante y después de las manifestaciones. Coordina la respuesta institucional, documenta decisiones, verifica rutas de evacuación y corredores solidarios, y facilita la atención a heridos y personas detenidas. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tienen acceso a las actas y bitácoras generadas por el PMU para asegurar la transparencia de las actuaciones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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