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En los últimos días, la población de Anorí, situada en el nordeste antioqueño, enfrenta una grave amenaza: un panfleto emitido por el frente 36 de las disidencias de las Farc advierte a algunos habitantes que solo tienen 24 horas para abandonar el municipio. Además, de acuerdo con la defensora del Pueblo Iris Marín, el grupo armado ha impuesto una serie de restricciones que afectan la movilidad y el comportamiento de la comunidad, incluso ordenando desplazamientos forzados. Marín exigió el cese inmediato de estas prácticas, señalando que “estas acciones constituyen inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario”.
El frente 36 se encuentra bajo la estructura del Estado Mayor de Bloques y Frentes, al mando de alias “Calarcá Córdoba”. Esta organización mantiene presencia tanto en áreas rurales como urbanas de Anorí y, junto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sostiene un pacto de no agresión operativa para frenar el avance del Clan del Golfo. Según el Informe de Seguimiento 024-2026 de la Defensoría del Pueblo, publicado el 16 de julio de 2026, la situación de riesgo advertida en la Alerta Temprana 023 de 2022 no solo persiste, sino que ha empeorado en municipios como Anorí, Amalfi, Remedios, Segovia y Vegachí.
Los grupos armados han profundizado sus controles sobre la vida diaria, llegando a regular horarios para moverse, exigir mantener los vidrios abajo en los vehículos, prohibir el uso de cascos para motociclistas y vigilar el acceso a tecnología como teléfonos celulares e internet. Según la Defensoría, integrantes del Clan del Golfo y las disidencias exigen la entrega de celulares para inspecciones y han prohibido el uso de cámaras o restringido la conexión a internet durante ciertos horarios. Además, las Juntas de Acción Comunal deben informar sobre cualquier visita y solicitar permisos para el ingreso de externos, limitando así la movilidad y el acceso a servicios.
En paralelo, la comunidad se encuentra atrapada entre mandatos enfrentados: mientras el frente 36 obliga a portar carné de identificación, el Clan del Golfo lo prohíbe bajo amenaza. Así, los habitantes padecen una gobernanza armada ilegal que repercute en su acceso a salud, educación, alimentos y seguridad, y se ven expuestos al peligro de minas antipersonal y trampas explosivas. Entre septiembre de 2022 y marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo contabilizó 62 incidentes relacionados con estos artefactos en la región.
Pese a algunos esfuerzos institucionales, el informe de seguimiento destaca que las acciones estatales han sido parciales y han permitido la continuidad e incluso el fortalecimiento del control por parte de los grupos ilegales. El reclutamiento de menores sigue siendo una preocupación crítica, con casos documentados de niños y adolescentes forzados a integrarse a estas estructuras desde los 13 años. La Defensoría ha llamado a fortalecer el control territorial, promover el desminado y proteger los derechos de las comunidades frente a la violencia armada.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué grupos armados controlan Anorí y cuáles son sus disputas?
En el municipio de Anorí confluyen el frente 36 de las disidencias de las Farc, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo. Las disputas entre estos grupos se centran en el control de corredores estratégicos usados para narcotráfico y actividades mineras. Aunque el frente 36 y el ELN mantienen un acuerdo de no agresión para frenar la expansión del Clan del Golfo, la confrontación entre estos actores ha generado desplazamientos, imposición de normas y episodios de violencia que afectan la vida cotidiana de la población.
¿Qué significa 'gobernanza armada ilegal' según la Defensoría del Pueblo?
‘Gobernanza armada ilegal’ se refiere al ejercicio de control social y político que ejercen los grupos armados sobre comunidades civiles. Según la Defensoría del Pueblo, estos grupos no solo confrontan a sus rivales armados, sino que también imponen reglas, condicionan la movilidad, restringen el acceso a servicios y vigilan las actividades diarias, de manera que las autoridades legales pierden capacidad de garantizar derechos y bienestar a la población.
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