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La violencia que enfrentan las comunidades rurales en Dagua, Valle del Cauca, llegó a un punto alarmante, forzando a la Defensoría del Pueblo a emitir una Alerta Temprana. De acuerdo con dicha entidad, el conflicto armado entre el Frente Luis Carlos Cárdenas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente Jaime Martínez de la disidencia del Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, ha desencadenado una disputa territorial que pone en grave riesgo a la población. La Defensoría advirtió que la situación "amenaza los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población", especialmente de los grupos considerados bajo protección constitucional, como comunidades étnicas, niñez y funcionarios públicos.
El documento destaca que son más de 60.000 personas las potencialmente afectadas, distribuidas en 17 de los 27 corregimientos rurales del municipio. La vulnerabilidad es aún mayor para los 10.605 integrantes de pueblos étnicos, pertenecientes a cuatro cabildos indígenas Nasa, un resguardo indígena y 14 consejos comunitarios afrodescendientes. También se enfatiza en el peligro que corren las niñas, niños y adolescentes, los firmantes de paz y los servidores públicos.
Según la Alerta Temprana, en los meses de junio y julio de 2026 al menos cinco homicidios selectivos fueron cometidos, asociados a acusaciones de colaboración con los grupos armados. Entre las víctimas se encuentran un comerciante reconocido en el sector El Placer y un adolescente no identificado cuyo cuerpo fue hallado en El Engaño. Además, han sido instalados retenes ilegales en la vía Simón Bolívar, causando confinamiento y severas restricciones a la movilidad, no solo en El Placer y El Engaño, sino también en las zonas de La Elsa, La Cascada, El Danubio, Alto La Mona y El Cauchal. De acuerdo con la alerta, estas acciones han provocado desplazamientos forzados individuales, que hasta ahora no han sido oficialmente declarados.
En respuesta, la Defensoría formuló 13 recomendaciones estratégicas dirigidas a entidades de todos los niveles de gobierno, para garantizar no solo la seguridad sino los derechos fundamentales de las comunidades en riesgo. La entidad reiteró que la respuesta debe trascender la intervención del orden público y enfocarse en garantías integrales a la población amenazada por el conflicto armado.
Entre las instituciones llamadas a intervenir se cuentan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para las Víctimas (Uariv), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Dagua. Toda esta información fue recogida por la Defensoría y divulgada por El Espectador.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué recomendaciones hizo la Defensoría del Pueblo para proteger a los habitantes rurales de Dagua ante la violencia?
La Defensoría del Pueblo emitió 13 recomendaciones estratégicas dirigidas a autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estas sugerencias buscan que la respuesta estatal no se limite únicamente a operaciones de orden público, sino que también implemente estrategias para garantizar derechos fundamentales de la población afectada en los corregimientos rurales identificados como de riesgo inminente.
¿Cuáles son los riesgos para comunidades étnicas y grupos protegidos designados en la Alerta Temprana?
Según la Alerta Temprana citada por El Espectador, los riesgos son especialmente graves para más de 10.600 integrantes de pueblos étnicos, entre ellos miembros de cabildos Nasa, un resguardo indígena y consejos afrodescendientes. También se señala la amenaza sobre la infancia, los firmantes de paz y servidores públicos, quienes enfrentan peligros como homicidios selectivos, confinamiento, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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