Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 9, 2026 - 3:03 am
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La reciente polémica entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el gobierno de Abelardo de la Espriella pone en el centro del debate público la forma en que el Ejecutivo comunica y exhibe los resultados de las operaciones militares contra grupos armados. El detonante del último cruce se presentó cuando Marín le solicitó al presidente de la Espriella que se abstuviera de mostrar los cuerpos de personas muertas durante estos operativos como parte de los anuncios públicos. Según la funcionaria, “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”, y remarcó la importancia de no normalizar el hecho de utilizar los cadáveres como parte de la escenografía en comunicaciones oficiales.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue tajante en su respuesta, afirmando que equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas es “una triste equivocación” y que “esa equivalencia no corresponde”. Aunque Lara reconoció el papel fundamental de la Defensoría del Pueblo en la protección de víctimas y derechos humanos en el país, defendió la obligación constitucional del Estado de combatir a quienes ejercen el terror, utilizando medios como drones y prácticas que afectan gravemente a la población, recurriendo incluso al reclutamiento de menores.

La discusión se dio en un contexto marcado por la transición hacia el fin de la política que Lara denominó como la ‘Paz Total’ y la necesidad, señalada tanto por el gobierno como por la Defensoría, de proteger a la población civil en medio de los conflictos armados y la criminalidad organizada. Marín insistió en que lo relevante no es poner en duda la legitimidad de las acciones de la Fuerza Pública, sino cuestionar la manera en que los resultados se comunican y el riesgo de banalizar la muerte en los mensajes institucionales. Para la defensora, “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria”, y debe analizarse dentro de los límites que imponen la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en un país que ha atravesado décadas de conflictos armados.

En respuesta, la Defensoría reiteró la disposición para trabajar en alianza interinstitucional, enfocándose en los retos que plantea la expansión territorial de grupos armados, el desplazamiento forzado y la protección de los derechos humanos, siempre exigiendo que los derechos fundamentales, especialmente el respeto por la dignidad incluso en la muerte, sean preservados. La funcionaria enfatizó que, aunque sean legales y en ocasiones necesarias, las operaciones militares que involucran muertes no deben considerarse deseables ni convertirse en motivo de exhibición o demostración de poder.

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¿Por qué la defensora del Pueblo criticó la exhibición de cadáveres en operaciones militares?

La defensora Marín señaló que utilizar los cuerpos sin vida de personas abatidas en operativos como parte de las comunicaciones oficiales contribuye a normalizar la muerte y banalizar la dignidad humana. Considera que la representación pública del poder no debe incluir la muestra de cadáveres, pues la vida y el respeto hacia los muertos son principios fundamentales del Estado de Derecho y del marco constitucional.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué es importante en este debate?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regulan los conflictos armados, limitando los métodos y medios de guerra y protegiendo a las víctimas. Es relevante en este contexto porque, según la defensora, el Estado debe actuar dentro de estos límites incluso en situaciones de guerra, asegurando que la protección de la vida y la dignidad humana no se vean afectadas por la violencia.


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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.

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