Tras movidas de la política colombiana, la Defensoría del Pueblo repudió de forma tajante las maniobras de desprestigio dirigidas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La institución constitucional catalogó estos hechos como una “campaña de desprestigio y desinformación”, advirtiendo que tales señalamientos comprometen gravemente el principio de independencia judicial en el territorio nacional.
Frente a este escenario, el organismo requirió formalmente a la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, y al senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, corregir públicamente sus dichos.
Rechazamos la campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan su dignidad y buen nombre, sino que también atentan contra la independencia judicial y debilitan la confianza en la administración de justicia.
El país tiene todo el derecho a debatir el presente y el futuro de la JEP, evaluar sus resultados y proponer reformas. Sin embargo, ese debate debe darse con argumentos, información verificable y respeto por la separación de poderes, no mediante la desinformación, la estigmatización ni los ataques personales contra quienes administran justicia.
Quienes ejercen cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente a la calidad del debate público. La democracia se fortalece cuando las diferencias se discuten con argumentos, no cuando se utilizan para desacreditar a las personas o presionar a la justicia. Defender la independencia judicial no significa impedir la crítica ni las reformas, sino garantizar que estas se tramiten dentro de los principios del Estado de derecho y con los derechos de las víctimas en el centro.
👉🏽 Ver pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris.
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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 24, 2026
La entidad demandó retractarse de aquellas aseveraciones infundadas o carentes de sustento fáctico, alertando que los ataques contienen claras expresiones de discriminación y agresiones de género.
Mediante una comunicación oficial publicada este 24 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín, censuró la divulgación de videos manipulados extraídos de audiencias reservadas de la magistratura.
La entidad advirtió que sectores opositores instrumentalizaron estos segmentos para sugerir vínculos indebidos o una ficticia complicidad entre la togada y desmovilizados de las extintas Farc.
Asimismo, la Defensoría rechazó las alusiones sobre la vida íntima y supuestos romances de Julieta Lemaitre, denunciando que buscan deslegitimar su trayectoria profesional mediante patrones machistas.
El órgano defensor insistió en que cualquier desacuerdo frente a la justicia transicional debe formularse mediante debates jurídicos y pruebas documentadas, erradicando la estigmatización contra los administradores judiciales.
En defensa del trabajo institucional, el reporte oficial resaltó que el despacho de Lemaitre expidió nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc.
Estas determinaciones judiciales abarcaron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, comprendiendo secuestros, homicidios selectivos, actos de tortura, abusos sexuales y desapariciones forzadas.
Sumado a ello, las pesquisas del Caso 01 sustentaron las sentencias condenatorias promulgadas por el Tribunal para la Paz contra los integrantes del antiguo Secretariado insurgente.
La entidad subrayó que exhibir extractos fuera de contexto tergiversa la realidad jurídica procesal y revictimiza a los ciudadanos que rindieron testimonio durante las etapas probatorias.
El pronunciamiento enfatizó los peligros que enfrentan las mujeres que asumen responsabilidades directivas del Estado frente a campañas sistemáticas de intimidación y descrédito en medios electrónicos.
Atribuir las resoluciones de una jurista a motivos pasionales, en lugar de analizar sus providencias sustanciales, constituye un agravio sustentado en prejuicios que vulnera la dignidad femenina.
El organismo alertó que el hostigamiento digital genera repercusiones reales y lesivas que dañan la salud emocional, el ámbito laboral y la seguridad física de las víctimas.
Si bien los legisladores conservan la potestad constitucional de auditar a los tribunales y tramitar reformas normativas, sus intervenciones demandan prudencia, veracidad y estricto apego institucional.
Por tales motivos, la institución instó a Posada y Rodríguez a suspender la diseminación de afirmaciones inexactas y evitar contenidos cargados de hostilidad basada en género.
La Defensoría concluyó que velar por la autonomía de los magistrados no restringe la veeduría ciudadana ni el debate constructivo sobre los ajustes procedimentales del tribunal especial.
El pronunciamiento generó amplias reacciones entre colectivos defensores de derechos humanos, que reclamaron medidas cautelares para blindar a las operadoras de justicia frente al acoso sistemático en redes.
Organizaciones de juristas y víctimas del conflicto armado respaldaron el enérgico llamado de la Defensoría, exigiendo que los debates legislativos respeten los principios de convivencia pacífica y veracidad informativa.
¿Quién es Julieta Lemaitre Ripoll?
Julieta Lemaitre Ripoll es una destacada abogada, investigadora y académica colombiana que ejerce como magistrada titular dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La jurista integra la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, asumiendo un rol fundamental en el juzgamiento de crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno.
En su despacho judicial, lidera las investigaciones del Caso 01, expediente centrado en la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por guerrilleros.
Bajo su dirección sustantiva, el tribunal especial profirió múltiples resoluciones de conclusiones e imputaciones por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra antiguos mandos subversivos.
Su trayectoria previa incluye una extensa carrera como profesora titular de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes, publicando reconocidas obras sobre derecho constitucional.
La magistrada obtuvo su título profesional en jurisprudencia en la Universidad de los Andes, alcanzando posteriormente una maestría y un doctorado en Ciencias Jurídicas en Harvard.
A lo largo de su ejercicio profesional, la funcionaria ha asesorado a diversos colectivos sociales, organizaciones de víctimas y entidades internacionales dedicadas a la protección de derechos fundamentales.
Sus investigaciones académicas profundizaron en problemáticas de género, comunidades campesinas, desplazamiento forzado y mecanismos de acceso igualitario a la justicia civil en zonas apartadas del territorio nacional.
Actualmente, su gestión en la justicia transicional consolida importantes precedentes sobre la reparación integral a las víctimas y el esclarecimiento histórico de graves violaciones a los derechos humanos.
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