El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una situación de riesgo creciente en Magangué, municipio del departamento de Bolívar, debido a la consolidación y expansión del Clan del Golfo, también identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en esta región. Así lo señala la Alerta Temprana 024 de 2026 emitida para esa zona, en la que se describen los riesgos para la población civil, especialmente para lideresas, líderes sociales, víctimas del conflicto armado, 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú. El informe, citado por El Espectador, resalta que pescadores y defensores del medio ambiente también enfrentan peligros significativos.
Según la Defensoría, entre abril y noviembre de 2025 se documentaron 19 asesinatos en Magangué, cifra que aumentó a 23 homicidios en solo los primeros siete meses de 2026. Además, hubo 11 personas heridas en ataques de sicariato. Sobresale el hecho de que la mayoría de víctimas tenía menos de 35 años. La extorsión es otro de los fenómenos alarmantes denunciados por la comunidad: los comerciantes reportan entre 12 y 15 llamadas extorsivas diarias.
La entidad estatal expuso que el EGC ejerce un fuerte control social y armado en corregimientos como Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén, Barranca de Yuca y Cascaloa. El control implica restricciones a la movilidad de los habitantes, regulación de precios y cobro de "vacunas", término utilizado para referirse a pagos extorsivos obligatorios. Además, la Defensoría enfatiza el uso forzado de lideresas de juntas de acción comunal (JAC) para realizar cobros extorsivos, así como la cooptación de jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia, quienes son trasladados a zonas rurales para recibir entrenamiento militar.
Destaca la participación de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, que articula acciones con otros grupos similares como Erlyn Pino Duarte, Edwin José Sierra Regino, Manuel José Galán y Sergio Antonio Carrascal Gómez. Magangué representa un corredor estratégico para economías ilegales y movilización militar en el nororiente y el caribe colombiano, lo que intensifica la disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones de carácter preventivo y humanitario, dirigidas al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Magangué, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades. Las propuestas incluyen mayor presencia de las fuerzas de seguridad, labores de inteligencia, patrullajes terrestres y fluviales, acciones para prevenir el reclutamiento de menores y el fortalecimiento de rutas de protección.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo frente a la situación de riesgo en Magangué?
La Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y locales, orientadas a prevenir y mitigar la situación de riesgo en Magangué. Entre ellas se incluyen el aumento del pie de fuerza, patrullajes terrestres y fluviales, labores de inteligencia para frenar la criminalidad y la implementación de estrategias urgentes que prevengan el reclutamiento y la instrumentalización de menores, al igual que el fortalecimiento de mecanismos de protección individual y colectiva para líderes y lideresas sociales.
¿Qué significa el término "vacuna" en el contexto de la violencia en Magangué?
En el contexto presentado por la Defensoría del Pueblo, el término "vacuna" hace referencia al cobro extorsivo exigido por grupos armados como mecanismo de control social y financiero sobre la población. Estas "vacunas" son pagos obligatorios impuestos a comerciantes y habitantes bajo amenaza, y constituyen una de las principales formas de extorsión empleadas por organizaciones ilegales en la región.
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