catatumbo

La decisión busca reforzar la seguridad local tras recientes hostigamientos y restricciones al transporte.

La intervención en el Catatumbo ocurrió durante una disputa entre grupos armados por el control territorial.

Los uniformados heridos fueron evacuados tras un ataque armado en medio de una operación reciente en Catatumbo.

La ofensiva, respaldada por labores de inteligencia, ocurrió tras el reciente levantamiento de medidas judiciales.

El caso refleja la vulnerabilidad de líderes sociales menores en zonas rurales marcadas por violencia armada.

El ataque ocurrió pocas horas antes de una actividad comunitaria, en un corredor donde operan grupos armados.

La Defensoría del Pueblo alertó que solo entre enero y agosto de 2026 hubo 113 nuevos casos reportados.

En su intervención ante la plenaria, Mora reportó 29 rescates y 24 capturas en poco más de un mes.

El despliegue de más de 150 comandos especiales inició el 14 de septiembre en esta zona estratégica.

En departamentos como Guaviare y Cauca, la recurrencia del reclutamiento infantil exige acciones preventivas urgentes.

La medida fue adoptada tras operaciones militares recientes en Catatumbo y Guaviare con víctimas menores.

Expertos alertan que el avance militar debe ir acompañado de una presencia estatal sostenida y civil.

El uso de tecnología bélica y estrategias renovadas profundiza la incertidumbre en comunidades locales.

Las acciones lideradas por el gobierno de Abelardo de la Espriella intensificaron la confrontación y elevaron las tensiones en zonas rurales del noreste de Colombia.

Mientras aumenta la presión militar, organizaciones civiles alertan sobre riesgos para los derechos humanos.

Mientras el gobierno refuerza sus operativos, organizaciones sociales alertan sobre el aumento del riesgo humanitario.

La ofensiva coincide con un aumento del desplazamiento interno y restricciones a la movilidad local.

En respuesta a los hechos, el gobierno activó acciones conjuntas en municipios limítrofes del sur del Cesar.

La confrontación entre estructuras armadas ilegales y la reciente ola de violencia han agravado la crisis en Catatumbo.

Las autoridades instalaron dos nuevos centros de coordinación y refuerzo judicial en respuesta a la crisis.

El suceso ocurrió durante la noche del 4 de septiembre y generó un inmediato despliegue militar en la zona.

La recompensa millonaria marca un nuevo capítulo en la ofensiva estatal contra las redes insurgentes en el Catatumbo.

La instrucción judicial fue emitida tras recientes enfrentamientos en Guaviare y Catatumbo.

La decisión, adoptada el 3 de septiembre de 2026, responde a reportes recientes en Catatumbo y Guaviare.

Durante agosto, cuatro menores perdieron la vida en bombardeos contra grupos armados ilegales.

El Ministerio Público evalúa el caso tras la solicitud de imputación radicada por la Fiscalía el 21 de agosto.

Las Fuerzas Militares desplegaron una masiva ofensiva aérea en las selvas del sur del país, marcando un nuevo hito operativo dentro de la política de seguridad.

La presencia de heridos civiles motivó la intervención de la Defensoría y una misión de verificación local.

El operativo generó preocupación entre comunidades rurales y movilizó a entidades de vigilancia en la zona.

La operación, realizada entre el lunes y martes, provocó desplazamientos forzados y heridos civiles según reportes locales.

La instalación, que involucra 19 sistemas adquiridos por $80.000 millones, debe concluir en agosto de 2026.

La emboscada ocurrió entre El Zulia y Sardinata. El oficial salió ileso, mientras dos policías fueron evacuados a un hospital de Cúcuta luego del ataque.

El ataque tuvo lugar en medio de recientes hechos violentos que mantienen en alerta a la región fronteriza.

Las autoridades atribuyen el hecho a una tentativa de ataque con explosivos improvisados en el Catatumbo.

Entre enero y mayo de 2026, los departamentos de Chocó y Putumayo registraron altos niveles de confinamiento.

El ataque en el Catatumbo se presentó en la vía Ocaña-Ábrego, con una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que iban las víctimas.

Gobierno y ELN se acusan mutuamente y el proceso de paz sigue en suspenso: ¿hay salida al estancamiento?

A diario, drones con explosivos alteran la vida y educación de niños en zonas bajo fuego cruzado en el Catatumbo.

Por medio de un comunicado, la empresa estatal rechazó la retención de Édison Balaguera Gamboa, quien está presuntamente en las garras del Eln.