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Una operación militar de alto impacto realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en zona rural de Tibú (Norte de Santander) dejó como saldo la muerte de cuatro personas, entre ellas una adolescente de 16 años. El operativo, desplegado el pasado 10 de octubre contra una facción disidente conocida como frente 33, fue confirmado públicamente por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, mediante una declaración en video. De acuerdo con la información presentada, el Instituto Nacional de Medicina Legal certificó la identidad y condición de las víctimas, evidenciando que, junto a tres hombres, la joven fallecida se encontraba “en función continua de combate en este campamento”, tal y como lo aseguró Mora.
El Ministerio de Defensa explicó que la acción militar comenzó a las 10:00 p. m. y fue coordinada detalladamente contra objetivos identificados con anticipación, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Según la cartera, la planificación incluyó estrictas medidas para resguardar a la población civil, en cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el derecho internacional humanitario —DIH—. La operación contempló el uso inicial de fuerza aérea, seguido del despliegue terrestre para registrar la zona, una estrategia respaldada por labores de inteligencia que detectaron campamentos, un búnker y áreas protegidas con artefactos explosivos improvisados.
Durante la etapa de consolidación, cuando las tropas aseguraban el lugar, tres soldados miembros de las Fuerzas Militares resultaron heridos al detonar un campo minado, evidenciando el elevado nivel de peligro que caracteriza este tipo de operativos. También, las autoridades reportaron el decomiso de una considerable cantidad de armamento: diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, casi cuatro mil cartuchos y otros elementos militares, además del hallazgo de campamentos y brazaletes relacionados con las Farc. De acuerdo con el Ministerio, los enclaves insurgentes podían albergar hasta 36 personas.
Respecto a la muerte de la menor, el ministro Mora reiteró la firme condena estatal al reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de actores armados ilegales, remarcando que prácticas como esta los exponen directamente al conflicto, lo que contraviene los principios del DIH. Según la información oficial, la ofensiva se enmarca en los intentos por proteger a las comunidades rurales de la violencia desatada por el enfrentamiento entre el frente 33 y el Eln, quienes se disputan el control de rutas en Catatumbo usadas para narcotráfico y minería ilegal. La cartera de Defensa afirma que ambos grupos han causado amplios daños, incluyendo ataques con drones explosivos y la siembra de minas, incrementando los riesgos tanto para civiles como para los propios militares.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué murió una menor de edad en el bombardeo militar en Tibú contra el frente 33?
La menor de 16 años falleció en una operación militar porque, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y lo reportado por el ministro de Defensa, se encontraba en función de combate dentro del campamento de los disidentes del frente 33, donde tuvo lugar la acción. Esta situación llevó a que el Ministerio condenara con firmeza el reclutamiento de menores por parte de los actores armados en la zona, conducta que los expone directamente a las hostilidades, en contravía de los principios del derecho internacional humanitario.
¿Qué significa el derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares como la de Tibú?
El derecho internacional humanitario, conocido por la sigla DIH, es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de combate. En el caso de la operación en Tibú, el Ministerio de Defensa aseguró que se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH para resguardar a la población civil y reducir los daños colaterales, enfatizando que el accionar de las Fuerzas Militares buscó ajustarse a este marco legal internacional.
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