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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura del macrocaso número 11, en el cual investigarán los delitos relacionados con crímenes cometidos por las Farc así como la fuerza pública. La determinación se produce tras la solicitud expresa de las víctimas y la Procuraduría.
De acuerdo con los fundamentos específicos de la jurisdicción para abrir la línea de investigación, encontraron que los delitos y basados en género así como por prejuicio, generaron más de 35.000 víctimas entre 1957 y el 2016. Particularmente los niños fueron los más afectados con 12.000 víctimas, y el periodo entre 1998 y 2006 fue el que tuvo el mayor crecimiento y pico de delitos de esa índole (hubo otro pico en 2014).
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Por territorios, Antioquia (5.320) y Magdalena (3.346) fueron los dos departamentos con un mayor número de víctimas de crímenes en el marco del conflicto armado. También se expresó preocupación por el elevado subregistro.
“Como puede advertirse, los grupos paramilitares son los principales responsables de esta violencia (33%), según las fuentes usadas, seguidos de las víctimas respecto de las cuales no se conoce el presunto actor armado responsable, que abarca el 30% del total de víctimas. La guerrilla de las Farc es presuntamente responsable de 2.051 víctimas documentadas (5,82%), mientras que a los agentes estatales se les atribuye cerca de 1.103 víctimas (3,14%)”, señala la decisión.
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Crímenes que vinculan a las Farc por diversos motivos
Dentro de la decisión revelada por la JEP, se indicó que la extinta guerrilla ha sido responsabilizada por crímenes derivados de identidades de género diversas “para instrumentalizar a las personas LGBTIQ+ para la guerra, o para aniquilarlas”, señala uno de los informes que sustenta la investigación también por la línea del prejuicio.
Otro de los patrones en contra de la extinta guerrilla de las Farc relaciona los crímenes motivados “por ser mujeres”, es decir, mujeres que fueron abordadas por actores armados que las abusaron y las amenazaron si contaban lo sucedido. También por oponerse a sus políticas y métodos o en represalia por el no pago de extorsiones al otrora grupo criminal.
“…un guerrillero conocido como El Zarco acosa permanentemente a una mujer, la sigue y la deja en un caño cerca de donde ella trabajaba, ella quedó malherida, fue rescatada, pero él la seguía a la casa a donde la iban a curar y allí la abusó de nuevo”, indica uno de los relatos del horror.
Ante todo lo anterior, se podrán dar imputaciones conjuntas entre el caso 09 (crímenes a pueblos étnicos) y el caso 10 (crímenes no amnistiables cometidos por las Farc).
Delitos de miembros de la fuerza pública que serán investigados
Frente a los más de 200 casos preliminares abordados en informes de las víctimas, la jurisdicción determinó abordar el subcaso por “patrones de macrocriminalidad”, el primero de ellos por delitos cometidos por miembros de la fuerza pública por orientación diversa de miembros de la población civil y su relación con prejuicio.
“Los integrantes de la Policía amenazaban a sus víctimas y las insultaban haciendo referencia específica a su identidad de género, mientras cometían estos delitos: “me provoca darte un tiro h…”, les decían. En otras ocasiones los recogían en camionetas y los llevaban a la carretera o a El Aterrizaje, donde, luego de desnudarlos, los tiraban de sus vehículos a las patadas y los dejaban sin ropa en la carretera”, cita uno de los testimonios.
El segundo patrón se fundamenta en los delitos contra mujeres y niñas “por ser mujeres” y abarca 244 víctimas reconocidas, las mayores unidades comprometidas integran la Séptima División (Brigada 4 y 17), Tercera División, Segunda División, Octava y otros sitios.
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En investigaciones conjuntas la magistratura evaluará si debe asumir competencia o no de denuncias de abuso a soldados jóvenes que fueron accedidos por sus compañeros o superiores (dichos expedientes fueron remitidos por la Fiscalía).
“Se trata de casos de jóvenes soldados, reclutas, regulares, muy jóvenes en sus primeros meses del servicio militar que fueron abusados por sus compañeros o sus superiores bien fuera en instalaciones militares, en los camarotes o incluso llamados por sus superiores a sus apartamentos”, sentenció la magistrada Catalina Díaz.
Según lo vislumbrado por la propia JEP, estiman realizar un primer grupo de llamados a versión que comprometen al menos a 19 presuntos responsables del Batallón de Ingenieros Vergara Velasco y el Grupo de Caballería Juan José Rondón, entre otras unidades militares.
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Adicionalmente, la magistratura reveló que también entregará especial atención a los delitos de violencia intrafilas, que incluye amplias denuncias dentro de la guerrilla de las Farc.
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