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El documento completo del informe de Política de Drogas 2023-2033 del Gobierno de Gustavo Petro dio a conocer las más recientes cifras acerca del número de hectáreas sembradas con coca en Colombia, que evidenció que en 2022 se registraron 230.000 hectáreas. Se conocieron detalles del acuerdo entre el presidente de Colombia y México, en el marco de la conferencia internacional sobre drogas.
Según cifras entregadas por por Simci- Unodc (2023) la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito al Ministerio de Justicia y su oficina de política de drogas.
“De las 230.000 hectáreas de coca, el 49% se concentró zonas de manejo especial. De estas 10.626 ha. se encuentran en 13 de las 59 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (5%); 34.680 ha. en zonas de reserva forestal (15%); 23.794 ha. en resguardos indígenas (10%); 44.817 ha. en territorios colectivos de las comunidades negras (19%); además de afectaciones en reservas forestales de Ley 2da”.
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Según el Ideam (2011), la tasa anual de deforestación por cultivos de uso ilícito es de aproximadamente 13,000 ha. (13%). Según el Estudio Nacional del Agua del Ideam(2022), en 2020 se usaron 55,736 litros/kilos de agroquímicos, 1,720,758 litros de fertilizantes y 81,947 litros de fungicidas en 154,930 hectáreas para la siembra de coca.
De todos modos el documento sostiene que el impacto de la coca va más allá de la tala y quema de bosque: “La siembra de la coca se relaciona indirectamente con otros factores como el asentamiento de los cultivadores, la expansión de la frontera agrícola, el cambio y contaminación del suelo y la ganadería, entre otros (Dávalos, 2011)”, señala el informe.
Estos detalles los presenta el informe en el punto de la degradación ambiental asociada al mercado de las drogas en donde enfatiza que “el impacto directo e indirecto de los cultivos de coca ha generado alteración de las coberturas vegetales, interrupción de corredores biológicos, contaminación y degradación de los recursos naturales, así como, fragmentación de los ecosistemas estratégicos y el subsecuente desplazamiento de la fauna silvestre”.
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De acuerdo con el Índice de la Lista Roja de Colombia (2020), de las 13 especies cuyo estado de conservación se vio deteriorado, ocho resultaron afectadas por la expansión de la coca (Renjifo, Amaya-Villareal, & Butchart, 2020). En los diálogos de Putumayo, líderes comunitarios reconocieron los efectos negativos de la expansión de cultivos ilícitos sobre el ambiente, mencionando que la necesidad de ingresos económicos los llevó a “arrasar” bosques para sembrar coca.
Y también señala que, es importante resaltar que algunas acciones del Estado para hacer frente al mercado ilícito de drogas han generado afectaciones ambientales.
Por ejemplo, estudios han demostrado que: “las erradicaciones forzosas tuvieron un impacto ambiental indirecto, pues generaron el desplazamiento de la coca hacia Áreas de Especial Importancia Ambiental, que debido a su ubicación y ausencia estatal resultaban atractivas para los grupos ilegales (PNN, 2011)”.
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Este “efecto globo” contribuyó a la deforestación y expansión de la frontera agrícola (Bernal, Garzón, & Riveros, 2020). En cuanto a la aspersión aérea (suspendida en 2015), las comunidades han reiterado las consecuencias aún persistentes del glifosato sobre las fuentes de agua y la fertilidad del suelo.
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