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Las comunidades de los cascos urbanos, veredas y corregimientos de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal (sur del departamento de Bolívar) se encuentran en alto riesgo por el incremento del accionar de la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), así lo da a conocer la Alerta Temprana 034 del 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo.
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“Cuando se enfrentan estos tres grupos armados ilegales no solo ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, ya que quedan en medio de las confrontaciones armadas, además generan riesgo de desplazamiento o confinamiento”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al dar a conocer la Alerta Temprana 034.
El documento identifica que los tres grupos se están disputando el control territorial, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales, como las derivadas de la extorsión. Sin embargo, en algunas zonas se han dado acuerdos entre el Eln y las disidencias de las Farc, lo que permite que en un mismo corregimiento o vereda coexistan los dos actores armados.
El escenario de riesgo se incrementó luego de la decisión de los frentes 4, 24 y 33 de las disidencias de las Farc de retomar el control territorial, lo cual coincidió con la expansión territorial de las AGC y su ingreso a la zona con dominio histórico del Eln . La situación desató la confrontación armada, que hoy tiene a la población civil atemorizada.
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“Las extorsiones son otra práctica que afecta gravemente los derechos fundamentales de las comunidades, que están expuestas a amenazas y desplazamientos forzados en caso de no acceder al pago. Es importante señalar que las AGC han logrado posicionarse en la zona mediante intimidaciones contra la población civil”, señaló el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Las AGC, dice la Alerta, han tercerizado sus acciones y apoyan táctica y financieramente a los grupos criminales Los España, Los Carburadores, Los Gomelos, entre otros. Estas estructuras manejan la distribución y comercialización de estupefacientes y hacen ‘labores’ de vigilancia y cobro de extorsiones.
Ante esta situación y con el objetivo de evitar que se presenten nuevos riesgos, la Defensoría del Pueblo entregó 38 recomendaciones para que las autoridades nacionales y locales implementen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
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