En medio de las numerosas deudas en la economía colombiana, una de las figuras reconocidas en la política nacional puso el dedo en la llaga en el tema de las pensiones en el país.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la urgencia de reevaluar fundamentos esenciales del esquema pensional en Colombia.
Entre los puntos de análisis figuran el incremento gradual de la edad de retiro y las condiciones de jubilación establecidas actualmente para hombres y mujeres.
Esta postura responde a los acentuados retos financieros, laborales y demográficos que impactan la estabilidad de los recursos destinados al amparo de la vejez.
En el transcurso de un diálogo periodístico con Mañanas Blu, el alto dignatario advirtió las presiones causadas por la informalidad y la baja natalidad.
Las apreciaciones del magistrado surgen en medio de los debates provocados por la implementación de la reforma y las estrecheces de caja del sector.
Frente al acelerado cambio en la pirámide poblacional y la mayor longevidad, Lenis sugirió debatir modificaciones que garanticen la sostenibilidad de las prestaciones sociales.
El magistrado admitió que elevar la edad de pensión suele despertar resistencia ciudadana, pero insistió en analizarla rigurosamente frente al panorama demográfico nacional.
Dado que la población vive más años, las instituciones deben cubrir los giros periódicos durante lapsos prolongados, generando un esfuerzo económico extraordinario.
El directivo señaló que correr la edad del retiro protegería las finanzas públicas sin imponer aumentos en semanas ni elevar los porcentajes de cotización.
“Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad”, afirmó el presidente de la Corte Suprema.
El titular del tribunal enfatizó que cualquier reestructuración paramétrica exige diálogos transparentes con la sociedad, considerando integralmente las consecuencias sociales y laborales.
Explicó también que exigir más tiempo de cotización causa la impresión de un retiro inalcanzable, mientras que subir los aportes golpea la economía personal.
“Una de las medidas para prolongar y generar un efecto positivo en el sistema, positivo fiscal, es prolongar la fecha en que el sistema empieza a pagar la pensión”, sostuvo Lenis, quien insistió en que el tema requiere una discusión sincera, pese a su costo político.
Asimismo, abordó las disparidades regulatorias presentes en los requisitos exigidos a hombres y mujeres para acceder al beneficio pensional correspondiente.
Aunque ellas disfrutan de topes de edad y semanas diferenciados, el magistrado argumentó que dichos parámetros inciden negativamente en los montos de sus mesadas.
Trayectorias laborales interrumpidas o breves se traducen habitualmente en giros inferiores, motivo por el cual recomendó revisar el acceso para procurar mayor equidad.
Aclaró igualmente que el debate trasciende la equiparación de edades, demandando un análisis de los desequilibrios sufridos por las mujeres en el mercado laboral.
Subrayó el impacto del trabajo doméstico sin pago, destacando las ventajas acordadas en la reforma para madres mediante reducciones de semanas por cada hijo.
No obstante, el vocero judicial recordó que las garantías estipuladas deben asegurar fondos suficientes para no sobrecargar el aparato fiscal de la nación.
Por otra parte, identificó el trabajo informal como una barrera estructural crítica que deteriora la cobertura y liquidez del modelo de ahorro social.
Durante su intervención en el conversatorio de Justicia y Ciudadanía en Cúcuta, citó cifras alarmantes: 63 % de informalidad local frente al 55 % nacional.
Esta precariedad impide ejecutar aportes constantes a la seguridad social, si bien reconoció que independientes y microempresarios efectúan pagos ocasionales de manera irregular.
“Debemos avanzar fuertemente en que la cotización a la seguridad social esté no tanto basada […] a partir de la forma convencional del trabajo, sino en el ciudadano”, explicó Lenis, al proponer un modelo que facilite la vinculación de las personas al sistema, independientemente de que tengan una relación laboral tradicional.
Para resolver el problema, formuló políticas de formalización comprensivas que trasciendan la simple firma de un contrato de trabajo en las empresas.
Aconsejó fortalecer la productividad empresarial, simplificar trámites administrativos, facilitar préstamos comerciales y acelerar la transformación digital en los micronegocios locales.
El envejecimiento poblacional constituye otro factor determinante, pues la menor natalidad reduce progresivamente la fuerza laboral de jóvenes frente al aumento de adultos mayores.
Este desequilibrio ocasionará que menos aportantes sostengan las mesadas de un número creciente de pensionados o personas dependientes de subsidios estatales de subsistencia.
Al no lograr todos los requisitos de jubilación, el Estado requerirá planes integrales para atender a quienes queden excluidos del esquema contributivo tradicional.
Esta dinámica incrementará drásticamente la demanda de servicios asistenciales de cuidado, visibilizando la urgencia de remunerar las labores del hogar asumidas predominantemente por mujeres.
El magistrado de la Corte Suprema advirtió que las cotizaciones laborales futuras no bastarán para cubrir las obligaciones de pago del fondo público y los regímenes vigentes.
Por ello, aconsejó buscar fuentes complementarias de ingreso, incluyendo modificaciones tributarias destinadas exclusivamente a financiar las mesadas futuras de la población.
En la entrevista se mencionaron los cinco billones de pesos necesarios para cancelar las mesadas de noviembre y diciembre del año en curso.
También se analizó la petición de Colpensiones para postergar la vigencia de la reforma del primero de abril de 2027 al primero de abril de 2028.
Frente a la coyuntura, Lenis ratificó la necesidad de combinar revisiones paramétricas, estrategias de formalización empresarial e instrumentos de financiación pública de largo plazo.
“Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema”, afirmó, al señalar que, además de los impuestos que actualmente contribuyen a su financiación, podrían requerirse nuevos recursos en el mediano y largo plazo.
Interrogado sobre si Colpensiones opera como una estructura piramidal por depender de nuevos cotizantes, el magistrado enfatizó que la demografía alteró las reglas operativas.
En lugar de depender exclusivamente del crecimiento en el número de cotizantes, propuso robustecer la productividad y diversificar las fuentes institucionales de recaudo.
Instó a adaptar las normas laborales a las plataformas digitales, contrataciones independientes y modelos de empleo informales que predominan en la economía actual.
Finalmente, el presidente concluyó que la estabilidad financiera exige decisiones de largo aliento articuladas mediante discusiones transparentes con toda la ciudadanía colombiana.
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