David Vélez, CEO y cofundador de Nubank, cuestionó el impacto que tiene el impuesto del 4×1.000 en la competencia y la inclusión financiera en Colombia.
El empresario señaló que este gravamen no solo afecta las finanzas de los usuarios, sino que también genera ventajas para los grandes bancos tradicionales.
El CEO y fundador de Nubank se refirió a las cosas malas que tiene el 4×1.000. Dice que afecta a los más necesitados y solo sacan provecho de este los grandes bancos. “Es un impuesto que es caro”, dijo el empresario en el marco de Latam Fintech Market, que se lleva a cabo en Barranquilla.
Vélez reconoció que el Estado necesita mantener sus ingresos fiscales, pero consideró que el 4×1.000 tiene un efecto regresivo, porque termina afectando proporcionalmente más a las personas con menores recursos.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la forma en que funciona actualmente el gravamen. Explicó que cuando una persona mueve dinero entre cuentas propias de diferentes entidades financieras debe pagar el impuesto, mientras que las transferencias entre cuentas del mismo banco pueden estar exentas.
A su juicio, esta diferencia favorece a las entidades financieras con mayor participación en el mercado y dificulta la competencia de nuevos actores, como las fintech.
El fundador de Nubank también cuestionó que una persona tenga que pagar el 4×1.000 simplemente por trasladar su propio dinero de una entidad a otra. Consideró que esta situación desincentiva la movilidad de los recursos y puede convertirse en una barrera para la digitalización y una mayor competencia dentro del sistema financiero.
Vélez reconoció que eliminar el impuesto representaría un desafío para las finanzas públicas, debido al recaudo que genera. Sin embargo, planteó que una mayor eficiencia en el gasto público podría ayudar a compensar esos recursos.
El debate sobre una eventual modificación del 4×1.000 se relaciona con la búsqueda de mayor competencia, inclusión financiera y digitalización del sistema. La discusión también plantea el reto de reducir las barreras para los usuarios y nuevos actores financieros sin afectar de manera significativa los ingresos que recibe el Estado por este impuesto.
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