Aunque suelen presentarse uniformados y con un pretexto ideológico y político para justificar sus actividades ilegales, los señores de la guerra en Colombia están plenamente identificados. Se caracterizan por dominar amplios territorios donde el Estado es débil, oprimir a sus habitantes, imponiéndoles normas y rentas, lucrarse de economías ilícitas, y hacer esfuerzos por mantener e incrementar el volumen de sus ejércitos, especialmente mediante el reclutamiento (secuestro) de menores de edad. Esos señores de la guerra son los directos responsables de lo que les ocurre a los niños que utilizan.
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El tema, como pasa con relativa frecuencia, volvió a quedar expuesto con el bombardeo en El Retorno, Guaviare, ordenado el pasado 27 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, en el que fueron abatidos diez integrantes de las disidencias de las Far que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, tres de los cuales eran menores de edad, dos de 15 años y otro de 16, de acuerdo con Medicina Legal. Esos niños fueron víctimas de las bombas, pero primero lo fueron de los señores de la guerra que, al llevárselos, cometieron un abominable crimen de guerra e infringieron las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaron los derechos humanos.
Señores de la guerra fortalecidos con la “paz total”
Esos señores de la guerra no son execrables figuras exclusivas de Colombia. De hecho, la referencia más recurrida al respecto es la de ese tipo de personajes en China antes de la revolución comunista y en otros lugares del mundo en los que, de acuerdo con autores como Gustavo Duncan, se enseñorearon no solo por el uso de la fuerza bruta, sino también mediante una combinación de legitimidad, cooptación económica y redes de apoyo que trascienden la simple coerción. Los señores de la guerra, al contar con ejércitos privados, han cultivado un tipo de poder que les permite imponer su autoridad y controlar territorios.
Los ejércitos particulares en Colombia tuvieron un significativo fortalecimiento durante la política de “paz total”. Solo a la luz de la lamentable muerte de menores reclutados por los grupos ilegales y de los datos oficiales del Instituto de Medicina Legal, queda en evidencia el trágico resultado. Mientras que en el gobierno de Iván Duque (2018-2022) hubo 376 miembros de los grupos ilegales muertos en operaciones militares, de los cuales 42 fueron menores de edad, en la administración de Gustavo Petro (2022-2026) hubo un total de 458 muertos integrantes de los grupos armados, de los cuales 62 fueron menores de edad. Eso, hasta mayo 31 de 2026. Faltan datos de junio, julio y agosto.
Ahora, por desgracia, comienza el terrible conteo en el Gobierno de De la Espriella, decidido a enfrentar la amenaza de esos grupos con todo el poder de las armas de la República, siempre considerando la Constitución y la ley, según ha recalcado el mandatario. El presidente también empieza a sentir la presión de quienes se oponen a cualquier forma de ofensiva militar contra núcleos armados ilegales, sobre todo si en ellos hay menores de edad. Pero el jefe de Estado tiene un imperativo categórico con el cual resuelve el dilema entre garantizar la seguridad de la sociedad en conjunto y recuperar el control o no hacer nada si haya niños.
El repudiable reclutamiento de niños por orden de los señores de la guerra no es nuevo y, por desgracia, tampoco está plenamente cuantificado. La defensora del pueblo, Iris Marín, ha expuesto que entre el año 2024 y el 31 de julio de 2026, esa entidad conoció del reclutamiento de 1.173 menores de edad. Entre el primero de enero y el 31 de julio de este año, conoció 97 casos, el 40 % de los cuales eran niñas y adolescentes mujeres, y un porcentaje muy importante correspondía a menores pertenecientes a pueblos indígenas. “Pero estas cifras no reflejan la verdadera magnitud de la problemática”, dijo.
El Estado tiene facultad de desplegar acciones militares
Marín ha sido enfática en que una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro, que está asociado a muchas situaciones como el temor, la naturalización (o normalización) de la conducta, la falta de información sobre a dónde acudir, entre otros. Por información de terreno, la Defensoría sabe que el número es mayor, y que las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Mordisco’ y de alias ‘Calarcá’ hay presencia de numerosos menores de edad cuyos casos no han sido reportados oficialmente a las instituciones.
Esos dos señores de la guerra son enemigos jurados hoy, aunque con el mismo origen. En el enfrentamiento que tienen entre sí, también han muerto los niños que reclutan de diferentes formas, desde el rapto de sus hogares bajo amenazas de muerte, hasta el engaño a través de redes sociales mediante el ofrecimiento de vidas ideales con abundancia de dinero, poder y placeres. “No en pocas ocasiones tenemos noticias de que menores de edad habían sido reclutados porque murieron en combates entre grupos armados ilegales, como los once menores de edad cuyos cuerpos fueron hallados en confrontaciones entre las tropas de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ a finales de mayo pasado en Guaviare”, recordó Marín.
Pero también hay señores de la guerra en el Eln y en estructuras como el ‘Clan del Golfo’. De hecho, la Defensoría del Pueblo aseguró haber recibido en las últimas horas información de reclutamiento en el Catatumbo atribuible al Eln y a las disidencias del Frente 33 de las Farc. “Otros menores de edad nunca fueron rescatados y los encontramos muertos después de bombardeos de la fuerza pública”, agregó la defensora del pueblo.
Marín, como es natural, responsabiliza en primera instancia a los grupos armados ilegales al insistir en que el reclutamiento de menores “está absolutamente prohibido por el DIH, y es responsabilidad de los grupos armados que siguen incurriendo en esta abominable práctica”. Pero advierte que el ingreso de menores de edad a los grupos armados “no permite presumir de ninguna manera que estaban prestando funciones continuas de combate, es decir, que se convirtieron en combatientes. Ningún menor de edad pierde su condición de víctima del reclutamiento. El Estado sigue teniendo las obligaciones reforzadas para su protección aun cuando hayan participado en las hostilidades”.
La defensora del pueblo reconoce que el Estado tiene la facultad de desplegar acciones militares, inclusive bombardeos, en contra de grupos armados ilegales para proteger a la población y recobrar el control territorial, “pero en cuanto conoce la alta probabilidad de que en los grupos armados permanecen menores de edad víctimas del reclutamiento tiene un deber de extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas que permitan proteger su vida de conformidad con protocolos operacionales muy estrictos”.
Esto, sin embargo, lo saben muy bien los señores de la guerra, por lo que llevan niños a sus filas no solo para incrementar su pie de fuerza, sino para convertirlos en escudos que los protejan de las acciones de las autoridades. Para los señores de la guerra, los niños son solo carne de cañón, elementos sin importancia, prescindibles, que se pueden exponer sin cuidado a un gran peligro o a la muerte.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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