La Fundación Ideas para la Paz (FIP) elaboró un informe que, por los datos que ofrece, y en las circunstancias en que ve la luz (el fin del gobierno de Gustavo Petro), podría ser entendido como el último clavo en la tapa del ataúd de la fracasada política de “paz total”. El título del documento lo dice todo: ‘El costo de negociar mal: 29.000 integrantes de grupos armados entre disputas y gobernanzas criminales’.
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El informe, basado en datos oficiales del Ministerio de Defensa, revela que, hasta julio de 2026, los grupos armados ilegales en Colombia tenían 28.802 integrantes, frente a los 15.120 con que contaban en diciembre de 2022. Con otras palabras, durante el Gobierno de Petro, esas organizaciones criminales tuvieron un crecimiento del 90 %. El mandatario ha reconocido el naufragio de su iniciativa, pero se ha dado mañas para eludir su responsabilidad en el desastre diciendo cosas como que no es un fiasco “personal”, sino “nacional”.
“Los costos superaron las ganancias”
Pero lo “nacional” en este asunto tan delicado tiene que ver especialmente con la manera como los grupos armados ilegales consiguieron expandirse sobre más territorios, alcanzado eso: una cobertura casi nacional. Puntualmente, según los investigadores de la FIP Gerson Arias, Javier Flórez y Paula Tobón, que elaboraron el informe, el ‘Clan del Golfo’ (que fue el que más creció) pasó de 4.061 hombres en armas en diciembre de 2022 a 10.268 en julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 152%.
Las disidencias de las Farc Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y el denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo las órdenes de alias ‘Calarcá’, que en 2022 sumaban, cuando aún eran una sola disidencia, 3.576 unidades, pasaron a tener, después de separadas, 4.480 y 3.001 unidades, respectivamente, en julio de 2026. Eso significa un crecimiento en conjunto del 109 %.
Algo similar, aunque en menor proporción, ocurrió con las disidencias de las Farc Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuyo cabecilla es alias ‘Wálter Mendoza’, y la Segunda Marquetalia, con alias ‘Iván Márquez’ como jefe. Ambas organizaciones, cuando eran una sola fuerza en 2022, sumaban 1.415 unidades, pero en julio pasado, ya separadas, llegaban a 2.359 la primera y a 584 la segunda. Su incremento en estos cuatro años fue de 108 %. El Eln, por su parte, pasó de 5.851 hombres en armas en 2022 a 7.123 en julio pasado, para un incremento del 22 %.
“Tras cuatro años del inicio de la Paz Total, su balance resultó negativo para el país: los costos superaron las ganancias”, concluye el análisis de la FIP. “El fracaso no se explica únicamente por los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas, sino por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.
Con todo, en su discurso del pasado 20 de julio, y en subsiguientes comentarios sobre el tema, el presidente Petro ha seguido desconociendo tozudamente la realidad. Defendió su política de “paz total” y advirtió que desmontarla sería un retroceso en la reducción de la violencia. No vio (o no quiso ver) a lo largo de su mandato el incremento de los grupos armados, con el retorno de bombazos, secuestros y homicidios, incluso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, un magnicidio ordenado por una de esas disidencias de las Farc.
Dos botones de muestra más: en 2025, la extorsión llegó a 13.417 casos, después de que 2024 alcanzara una cifra récord de 13.802. Ese mismo año fue el más crítico de la última década en cuanto al secuestro, pues hubo 701 casos.
Oídos sordos del Gobierno a información de inteligencia
El feérico país que quiso mostrar el presiente Petro sufre serios golpes de realidad con informes como el de la FIP, que sostiene que “todos los grupos armados son más poderosos de lo que eran antes de las negociaciones. El poder de estos grupos no solo se cuenta en el territorio que controlan y la cantidad de personas que hacen parte de ellos, sino en su capacidad para obtener rentas y someter a la población civil. También han ganado un protagonismo político, social y simbólico mayor en territorios donde han operado por años”.
Una de las conclusiones más lapidarias a las que llega el análisis de la FIP indica que “mientras que los grupos se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las mesas [de diálogo], y en especial las delegaciones de gobierno, tomaron posturas pasivas al respecto”. Esto, siempre siguiendo a la FIP, inclinó indirectamente “la balanza de poder hacia unos grupos que percibían al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos”.
“Varias estructuras usaron a su favor la necesidad del gobierno de mantener las mesas. […]. La debilidad del Estado en la negociación hizo parte de los cálculos estratégicos de los grupos para aumentar las disputas y seguir expandiéndose”, continúa el informe, que también señala el efecto contrario y grave que tuvieron el diseño y los resultados de la “paz total”: “El desgaste y la progresiva deslegitimación de las salidas negociadas como mejor opción para solucionar el problema de la violencia y los conflictos armados”.
De hecho, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, prometió un cambio radical terminando todos los diálogos que estén abiertos, acabando las consejerías de Paz y Reconciliación y creando una Consejería para la Seguridad. También dijo que revisará el Acuerdo de Paz con las Farc firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, y mostró su desacuerdo con la JEP.
De entre trece desaciertos centrales que encontró la FIP en la política de “paz total” se pueden destacar la visión y secuencia de la negociación desorientadas, pues la mayoría de las mesas no definió un horizonte claro sobre desarme y desmovilización. Sin objetivos, agendas y pasos claros, las mesas funcionaron al vaivén de los grupos armados. También, los oídos sordos del Gobierno a la información de inteligencia y judicial disponible, aceptando la “autocaracterización” de los grupos y reconociendo a varios de ellos estatus político sin sopesar las consecuencias.
Otros errores fueron no fijar líneas rojas frente a la expansión, el reclutamiento de menores y las presiones contra la población civil; no alcanzar un marco jurídico, y sin una ley de sometimiento ni disposiciones constitucionales y legales quedaron sin garantías jurídicas claras quienes se acogieran a los procesos. Eran acuerdos de papel. Todo terminó erosionando la confianza de la opinión pública en la salida negociada, sobre todo porque, por otro lado, el país veía cómo se descuadernaba el orden público.
Todo el paisaje del conflicto en la Colombia que entrega el presidente Petro este 7 de agosto queda dibujado en el informe de la FIP. Vendrán más, pero difícilmente encontrarán algo diferente en esta materia.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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