Durante su intervención en el consejo de seguridad que lideró en Barranquilla el domingo pasado, el presidente Abelardo de la Espriella utilizó una expresión que da la idea de la determinación que tiene de combatir a los grupos armados ilegales en el país. No fue un simple recurso retórico para potenciar lo que afirmaba. Fue la forma de darle la dimensión que debe tener la respuesta del Estado al complejo fenómeno de violencia que está decidido a enfrentar su Gobierno.
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Para De la Espriella, “la fuente primigenia de todas las formas de violencia es el narcotráfico, que, al final, termina siendo el combustible del terrorismo. Entonces, no puede ser que el Estado tenga un tratamiento diferencial frente a estos bandidos que participan en una cadena de mando y de ejecución de conductas que terminan arribando al mismo objetivo que es el terrorismo, llámese urbano, llámese rural, como quiera llamarse”.
Después, soltó la expresión: “Tiene que ser un imperativo categórico del Gobierno que estos delincuentes, todos, estén cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos como corresponde. No puede ser que el Estado no pueda aplicar toda la fuerza legítima porque hay que tratar a unos con guantas de seda, a otros de besito y a otros sí los podemos bombardear. No, señor. Aquí se acabó esa división”.
Lo necesario y lo correcto en Kant
El imperativo categórico es una complicada regla moral (de las muchas que abundan en filosofía) creada por el filósofo Immanuel Kant, que no se puede explicar en pocas líneas. Sin embargo, sí se pueden extraer algunos elementos para aterrizarla. Por ejemplo, para Kant, el acto moral es el que se realiza como un deber, como un fin en sí mismo: el acto moral es ese en el que se actúa con base en la razón, no en al amor a uno mismo o persiguiendo un interés personal.
De esa manera, se entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria, sin que existan más motivos para ejecutarla. El concepto de imperativo categórico de Kant está profundamente vinculado a la idea de hacer o pretender hacer lo correcto.
Kant hizo diferentes formulaciones que resumen el mandato moral detrás del imperativo categórico, pero quizá la que se refiere al fin en sí mismo es la más recurrida para entenderlo: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio”.
Cuando De la Espriella habla de que es un imperativo categórico que los integrantes de los grupos armados ilegales en Colombia sean cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos entiende que es un mandato moral que la sociedad le encargó a su naciente Gobierno por la vía democrática.
“Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencia, ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización que se les quiere dar a los bandidos. Que, dicho de otra manera, ha sido inventada por sectores de la sociedad que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la acción punitiva y la fuerza legítima del Estado como corresponde”, continuó el presidente en Barranquilla. “Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal, y los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”.
Al día siguiente, este lunes 24 de agosto, se conocieron dos informes que, sin proponérselo, le dieron más claridad al concepto de imperativo categórico utilizado por el jefe de Estado, en el sentido de que su orden de meter a todos los delincuentes de los grupos armados bajo la sombrilla de terroristas es necesaria y correcta.
HRW: reclutamiento de menores ha aumentado drásticamente
Por un lado, Human Rights Watch (HRW) asegura que el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados “ha aumentado drásticamente en Colombia, ante la falta de una respuesta eficaz por parte del gobierno”. Lo hacen con impunidad, y ante las fallas de los sistemas de protección, en el terreno ‘fértil’ en que se han convertido para ese propósito criminal las plataformas de redes sociales. “Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La ONG analizó datos de la Defensoría del Pueblo que le permitieron afirmar que al menos 1.500 niños han sido reclutados desde 2021. Aunque no se cuenta con datos exhaustivos, las cifras oficiales disponibles apuntan a un fuerte aumento de los casos desde 2023, y que las disidencias de la Farc están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados, y más de la mitad de ellos se concentran en el Cauca.
Los menores de edad indígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados, a pesar de que los pueblos aborígenes constituyen apenas el 4 % de la población de Colombia. Más del 30 % tenían entre 10 y 14 años, cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional.
Para HRW, los grupos armados se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación para reclutar menores con promesas de poder, dinero y prestigio. Los reclutamientos también se producen a través de intermediarios y reclutadores civiles a quienes se les paga hasta 1.000 dólares por cada menor. En algunas ocasiones, el reclutamiento ha tenido lugar en escuelas rurales, incluyendo residencias escolares.
Los criminales han aprovechado las redes sociales para glorificar la vida en sus filas, “publicar ofertas de trabajo que son, en esencia, artimañas destinadas al reclutamiento”, y contactar a menores a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada.
El problema persiste porque, según HRW, esas plataformas no han sido efectivas detectando ni eliminando dicho contenido, y tampoco han prevenido adecuadamente su difusión. En algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados.
Defensoría: criminalidad organizada persisten y se transforma
El panorama de lo que pasa en Colombia fue ampliado con otro informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, que reúne información sobre algunas de las principales problemáticas de derechos humanos en el país y aporta elementos para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones del Estado.
En el apartado relativo a violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas, la Defensoría, en línea con lo planteado por HRW, asegura que las afectaciones del conflicto armado comprometen el buen futuro de los menores de edad. En cuanto a reclutamiento, se reportaron 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.
Pero la Defensoría advierte que la reducción de los casos no necesariamente significa una disminución del fenómeno, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar o poner los hechos en conocimiento.
A esto se suman las muertes de menores de edad en contextos de hostilidades: entre agosto de 2022 y junio de 2026, fallecieron 71 en operativos militares. Además, se registran casos de menores de edad muertos en combates entre grupos armados ilegales.
En general, para la entidad encargada de la promoción y protección de los derechos humanos, la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan. Actualmente están vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.
A eso se suma la aparición de nuevas modalidades de violencia: entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. La persistencia de las violencias también se refleja en las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, con 2.380 víctimas.
El desplazamiento forzado continúa siendo una de las principales afectaciones sobre la población civil. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.
A la luz de los informes de HRW y de la Defensoría del Pueblo, las conductas criminales de los grupos armados ilegales se dispararon en los cuatro años anteriores, y, para enfrentarlas, el presidente De la Espriella se ha impuesto un imperativo categórico: calificar a todos esos grupos como terroristas para combatirlos en consecuencia.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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