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Claudia Julieta Duque estaba investigando la muerte de Jaime Garzón y había publicado artículos que vinculaban a la institución con el crimen.

El periodista intentó mediar para que los paramilitares no lo ejecutaran. Un hombre de la organización contó por qué fue que asesinaron al humorista.

El exfuncionario recibió una pena de 150 meses de prisión por torturar psicológicamente a Claudia Julieta Duque para disuadirla de su investigación.

Una juez penal de Bogotá condenó al exdetective por su participación en el homicidio del entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.

Lo que la Fiscalía espera determinar en el curso del proceso será verificar cómo fue el proceso para llegar a cometer el homicidio del candidato presidencial.

En el hecho también fue herido el expresidente Ernesto Samper Pizano. Los exfuncionarios habrían participado en un plan criminal en el que se hizo pasar a un hombre como sicario para dispararle indiscriminadamente y, en medio de la confusión, causarle la muerte al entonces candidato presidencial.

La audiencia en la JEP se realizará los días 18 y 19 de septiembre, donde los implicados confesarán 303 desapariciones.

El vencimiento de términos se da ad portas de que la justicia lo declare culpable o inocente por este caso al escolta, quien pertenecía al extinto DAS.

La Fiscalía señala que Alba Luz Flórez participó en la presunta destinación de recursos públicos para sostener un plan ilegal de infiltración entre 2007 y 2009.

La defensa de la periodista Claudia Julieta Duque presentó un recurso de apelación ante el fallo que absolvió al exagente Ronal Rivera.

El exjefe paramilitar hizo graves revelaciones sobre uno de los directores de la extinta entidad. Incluso, también habló de la senadora Piedad Córdoba.

El señalado tuvo un patrimonio, considerado injustificado, de más de $ 400 millones entre 1999 y 2004, por lo que lo investigaban por enriquecimiento ilícito.

Enrique Ariza, director de inteligencia, y Rodolfo Medina, subdirector de contrainteligencia fueron citados a versión de aporte temprano de verdad.

Para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el general (r) Miguel Maza Márquez no hizo aportes significativos a la verdad en el magnicidio ocurrido en 1989.

La Corte absolvió a Mario Aranguren, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, no porque fuese inocente, sino por actuar en el marco de sus funciones.

En una decisión de segunda instancia, la Jurisdicción Especial para la Paz le negó la entrada al exdirector del DAS señalado por paramilitarismo.

El tribunal especial les endilgó crímenes de guerra y de lesa humanidad por las ejecuciones de civiles presentados como caídos en combate entre 2003 y 2008.

La exdirectora del DAS había sido condenada en 2015 a 14 años de cárcel por las 'chuzadas', pero este martes se le concedió la libertad condicional.

La Corte Suprema de Justicia revocó este martes el fallo de un juez de ejecución de penas que le había negado ese beneficio a la exfuncionaria.

El documento especifica que Fiscalía tiene identificados a integrantes del Ejército, Policía, Armada, CTI y DAS que estarían involucrados.

Al caso se le dispuso medida cautelar y está vinculado con declaraciones dadas en magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, además de una demanda de Ramiro Bejarano.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de un juzgado que, en 2019, falló a favor de Córdoba por el caso de las chuzadas del DAS.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de un juzgado que, en 2019, falló a favor de Córdoba por el caso de las chuzadas del DAS.

Un juez dijo que no se demostró la responsabilidad de César Velásquez y Edmundo del Castillo, que trabajaron en el gobierno del líder del Centro Democrático.

El expresidente declaró como testigo en el proceso contra César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, funcionarios de su gobierno acusados en el caso.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le concedió una indemnización a Antonella Petro y Sofía Petro, por los seguimientos ilegales del DAS al senador.

La decisión la tomó un juez de ejecución de penas porque el exdirector del hoy inexistente DAS cumplió tres quintas partes de la condena que se le impuso.

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca determina que el Estado deberá indemnizar al senador con más de $ 579 millones por la interceptaciones.

La orden la dio el Tribunal de Cundinamarca, que absolvió al coronel en retiro de la Policía Manuel Antonio González, condenado en 2017 a 22 años de prisión.

El asesinato del periodista, el 13 de agosto de 1999, todavía permanece impune en gran medida al no quedar claras todas las responsabilidades de los implicados.

Se trata del abogado Laude José Fernández Arroyo, al que la Fiscalía General de la Nación señala de interceptar ilegalmente comunicaciones de varios gremios.