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Un correo electrónico, fechado el 18 de febrero de 2008, enviado por Inés Graciela Dorado —identificada por labores de inteligencia como integrante del Comité Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— se transformó en el centro de una controversia que ha acompañado, durante años, al actual candidato presidencial Iván Cepeda. Dorado, también conocida por varios alias como “Ingrid Storgen” o “Indira”, escribía: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”. Este mensaje fue hallado en los ordenadores incautados tras una operación militar ecuatoriana, lo que permitió que periodistas de La Silla Vacía reconstruyeran los vínculos e intereses detrás de la movilización de esa fecha.
La información obtenida en dichos dispositivos, pertenecientes al cabecilla alias “Raúl Reyes”, evidencia el seguimiento cercano que la guerrilla hizo a la planeación de la marcha del 6 de marzo de 2008, promovida por Cepeda y otros actores. Documentos de la época, citados por La Silla Vacía, señalan que Dorado operaba en células de las FARC en Argentina y España, donde trabajaba en la órbita internacional de Reyes. En otros mensajes, la misma Dorado buscaba unificar actividades en distintos países para maximizar el impacto de la protesta, coordinando contactos de Cepeda con grupos afines.
Antes de esa fecha clave, el 4 de febrero de 2008, tuvo lugar otra marcha multitudinaria, la cual movilizó a cientos de miles bajo la consigna “No más Farc” en 165 ciudades en Colombia y el exterior, representando un fuerte golpe político para la guerrilla, que entonces mantenía decenas de secuestrados, incluyendo a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Fue en ese contexto que la convocatoria del 6 de marzo surgió no como réplica, sino con un enfoque distinto: las víctimas de crímenes de Estado y el paramilitarismo buscaban visibilidad y justicia.
Los archivos de “Reyes” revelan que la FARC vio allí una oportunidad para impulsar, aunque indirectamente, demandas como el “acuerdo humanitario” y protestar contra el “narco-para-militarismo”. El propio “Reyes” instruyó en sus correos evitar manifestar apoyo público, pero sí orientó internamente consignas y respaldos a la movilización, insistiendo en aprovechar la coyuntura.
En paralelo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) diseñó la llamada “Operación Estímulo”, una infiltración montada para asociar la marcha con grupos armados mediante propaganda y material gráfico, aunque sin evidencia documental de que alteraran los archivos incautados. La cronología muestra que esta intervención estatal fue planeada antes del operativo militar ecuatoriano.
Cepeda ha negado cualquier vínculo con las FARC en la organización de la marcha, sosteniendo que su implicación sería producto de estrategias de desprestigio y que documentos en los que se le vincula provienen de montajes. Si bien la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales dichos archivos por romper la cadena de custodia, esa decisión se limitó exclusivamente a la forma de recolección, sin desestimar su contenido. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) determinó que los archivos no sufrieron alteraciones una vez estuvieron bajo control de las autoridades colombianas, y han sido empleados en procesos judiciales internacionales, incluyendo acusaciones formales en Estados Unidos contra otras figuras políticas.
Por su parte, Cepeda sostiene que cualquier insinuación de colaboración con la guerrilla busca “judicializarme en Estados Unidos” y que todas las pruebas aducidas son parte de campañas de calumnia. Lo cierto es que, según La Silla Vacía, no hay evidencia de que las FARC hayan ideado la protesta, pero sí de que intentaron incidir en ella. Aún no existe una explicación concluyente que aclare la mención directa de Cepeda en los correos intervenidos, lo que mantiene la duda sobre la verdadera naturaleza de esos contactos.
¿Qué fue la Operación Estímulo del DAS?
La Operación Estímulo fue una maniobra ilegal por parte del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), diseñada con el objetivo de infiltrar y desacreditar la marcha del 6 de marzo de 2008. Según archivos citados por La Silla Vacía, la estrategia consistía en distribuir propaganda y vincular, mediante panfletos y vallas, la movilización con actores armados ilegales, afectando su legitimidad ante la opinión pública.
Documentos internos del DAS muestran que esta operación fue organizada antes del bombardeo al campamento de alias “Raúl Reyes”, y no existen registros de que los funcionarios estatales hayan intervenido los archivos digitales incautados en Ecuador. La relevancia de esta operación radica en demostrar los métodos empleados por agencias estatales para influir sobre movimientos de víctimas y reforzar narrativas contrarias a sus demandas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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