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La Defensoría del Pueblo ha hecho pública su preocupación frente a la acentuada crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. Esta situación deriva de los recurrentes enfrentamientos entre facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”. De acuerdo con el análisis presentado por la Defensoría, la violencia armada afecta principalmente a la población civil del Bajo Caguán, una zona caracterizada por su vulnerabilidad y marcada presencia rural.
La Defensoría recordó que ya se habían emitido dos Alertas Tempranas. La Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y la Alerta Temprana 001 de 2025, ambas dirigidas a advertir sobre el impacto humanitario de estos hechos y la consecuente vulneración de derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la integridad personal y la libertad individual. Según el más reciente comunicado, los riesgos no solo se han concretado, sino que se manifiestan en situaciones graves: confinamientos forzados, desplazamientos masivos, homicidios y la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados, junto a ataques indiscriminados contra habitantes de la región.
Las acciones violentas emanan de la confrontación directa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias Calarcá, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, liderado por alias Iván Mordisco. Esto ha incrementado la zozobra en comunidades predominantemente campesinas, que día a día se ven obligadas a confrontar las consecuencias de un conflicto interno reconfigurado tras el proceso de paz. La Defensoría, en su mensaje más reciente, exhortó a los actores armados a excluir por completo a la población civil de sus hostilidades y a abstenerse de ejecutar acciones que agraven la crisis humanitaria.
Del mismo modo, el informe de la Defensoría exigió el respeto por la labor humanitaria desarrollada por diversas organizaciones y autoridades destinadas a proteger y socorrer a los sectores impactados. El llamado se extiende además a los niveles local, departamental y nacional del gobierno, instando a la implementación urgente de medidas coordinadas y eficaces, que atiendan las necesidades diferenciales de los afectados y garanticen la protección integral de la comunidad.
Mientras tanto, la Defensoría mantiene un riguroso seguimiento de la situación, recalcando en cada comunicación la urgencia de romper el ciclo de violencia y restituir los derechos fundamentales a quienes permanecen bajo amenaza constante en Cartagena del Chairá. La atención se concentra en que la respuesta estatal sea ágil, articulada y respetuosa del enfoque diferencial, para impedir mayores daños a una población históricamente golpeada por el conflicto.
¿Qué implica que una zona sea priorizada en una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo?
Cuando un territorio es incluido en una Alerta Temprana, según la Defensoría del Pueblo, esto significa que se han identificado y documentado riesgos inminentes de violaciones a derechos fundamentales para la población civil. Las Alertas Tempranas son informes oficiales con recomendaciones precisas dirigidas a autoridades y entidades estatales, con el objeto de impulsar acciones preventivas y de protección antes de que los riesgos se concreten.
Este mecanismo busca advertir y movilizar tanto a las instituciones locales como nacionales para que tomen medidas eficaces. En contextos de confrontación armada, como el caso de Cartagena del Chairá, estas alertas no solo activan protocolos de atención sino que permiten concentrar recursos y esfuerzos donde más se necesita, a fin de evitar mayores tragedias y restaurar las condiciones mínimas de seguridad y derechos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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