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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 22 exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), atribuyéndoles la responsabilidad en numerosos secuestros y otros delitos vinculados al conflicto armado colombiano, según informó el órgano judicial. Esta decisión representa un hito al cerrar el macrocaso 01, centrado en la política de secuestros implementada por esa guerrilla, brindando por primera vez una visión judicial exhaustiva sobre la magnitud y características de los secuestros realizados por las Farc. De acuerdo con la información difundida por la JEP, la investigación posibilitó identificar no solo a los máximos responsables, sino también esclarecer la forma en la que se impulsaron y ejecutaron estas políticas en las regiones y cómo estas acciones generaron daños diferenciados tanto en víctimas individuales como en comunidades y territorios afectados.
Los 22 imputados incluyen 15 exintegrantes del Bloque Oriental y siete del Bloque Sur de las Farc, considerados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP como los principales responsables regionales de articular y materializar la política de secuestros en amplias zonas del país. Entre los miembros del Bloque Oriental imputados se encuentran Wilmar Antonio Marín, Bernardo Mosquera, Nelson Quintero, Marco Fidel Suárez y otros diez excomandantes; por parte del Bloque Sur están Fabián Ramírez, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz y cuatro más, quienes deberán enfrentar las imputaciones judiciales. La JEP especificó que a estos exdirigentes se les señala no solo por retención y privación grave de la libertad, sino también por una serie de crímenes perpetrados durante el cautiverio, como homicidio, desapariciones forzadas, tortura, actos de esclavitud, desplazamiento forzado, violencia sexual y tratos crueles.
Durante la investigación, se estableció que los “cientos de secuestros documentados” respondieron a tres patrones recurrentes: la obtención de recursos financieros para la organización, el forzamiento de intercambios por guerrilleros presos y el ejercicio de control social y territorial en las regiones bajo su influencia. El cierre de esta etapa investigativa es resultado de un proceso de siete años en el que la JEP documentó los secuestros ocurridos entre 1993 y 2016. En ese periodo, 4.439 víctimas fueron formalmente reconocidas y muchas participaron en audiencias, relatando los profundos daños físicos, emocionales y sociales experimentados durante los años de cautiverio.
En su balance, la JEP registra un total de 63 máximos responsables identificados por la política de secuestro de las Farc. De estos, siete exmiembros de la cúpula guerrillera ya recibieron condenas en septiembre pasado con sanciones propias del sistema de justicia restaurativa que incluyen restricciones a la libertad, mientras que otros 34 exmandos regionales habían sido imputados anteriormente.
En cuanto al procedimiento a seguir, los 22 exjefes recién imputados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad ante la JEP o para rechazar los cargos formulados en su contra. Si confiesan y aportan verdad completa sobre los hechos que se les atribuyen, el caso pasará a la instancia del Tribunal de Paz, el cual puede imponer sanciones restaurativas que contemplan restricciones de libertad. Por el contrario, si no aceptan los hechos, el expediente será transferido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentarse a condenas de hasta 20 años de reclusión.
¿Qué implica la justicia restaurativa en el contexto de la JEP?
La justicia restaurativa dentro del modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz busca priorizar la reparación de las víctimas y la obtención de verdad plena por encima de la simple retribución punitiva. Quienes aceptan su responsabilidad ante la JEP pueden recibir sanciones menos severas, pero deben comprometerse a esclarecer los hechos y contribuir a la reparación del daño causado.
Este enfoque busca romper los ciclos de impunidad, darle centralidad a los derechos de las víctimas y establecer vías para la reconciliación nacional, lo cual es especialmente relevante en procesos de justicia transicional posteriores a conflictos armados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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