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Hace más de dos semanas, la vía Panorama que conecta con el corregimiento de Ricaurte permanece bloqueada. La protesta, liderada por comunidades campesinas e indígenas, tiene como trasfondo una disputa por tierras que ha escalado en la región. El detonante de la situación fue la ocupación del predio llamado Guadualito 2 por parte de 69 familias indígenas. Este terreno, según especifica el medio Diario Occidente, había sido entregado anteriormente bajo la figura de comodato –es decir, un préstamo temporal y gratuito de uso– por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a comunidades campesinas locales.
El conflicto surge ante el cruce de intereses: las familias indígenas reclaman su derecho a ocupar el predio, mientras que los campesinos alegan haber recibido el terreno oficialmente de la SAE. Esta disputa se reflejó en un bloqueo persistente, que obstaculizó el paso a Ricaurte y elevó la tensión entre los habitantes de la zona.
En respuesta, Julián Muriel Andrade, alcalde del municipio de Bolívar, anunció una reunión clave programada para el 13 de febrero, con la participación de diversas entidades del Gobierno Nacional. Dentro de los actores comprometidos en buscar una solución sobresalen la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la propia SAE. Una de las alternativas contempladas es la reubicación de las familias indígenas en un predio diferente que cumpla con las condiciones adecuadas, pero hasta el momento no se ha concretado una salida definitiva al conflicto.
Mientras tanto, las afectaciones en Ricaurte y sus alrededores se profundizan. Según el alcalde Muriel Andrade, las repercusiones económicas y sociales son severas, ya que la movilidad se encuentra seriamente limitada, afectando a sectores como el transporte de carga y el turismo religioso, actividad central para la economía local. Comercios como los restaurantes y servicios básicos, como el acceso a la salud en municipios cercanos como Tuluá, también están experimentando el impacto negativo, debido a que la comunidad se ve obligada a utilizar rutas alternas.
Ante este panorama, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se sumó a las voces que solicitan una intervención urgente del Gobierno Nacional. Toro enfatizó que la entrega de tierras debe estar acompañada por soluciones integrales, incluyendo proyectos productivos, para evitar nuevos enfrentamientos entre campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendientes. Estos llamados buscan no solo restaurar el diálogo entre las partes sino también prevenir que la crisis se agudice y se convierta en un antecedente de conflictividad regional difícil de resolver.
Pese a algunos momentos de reapertura temporal de la vía, los voceros de las comunidades en protesta han manifestado que el bloqueo se mantendrá hasta alcanzar una solución concreta. La presión social, los intereses contrapuestos y la falta de respuestas claras han convertido este conflicto en un asunto relevante para la agenda regional y nacional.
¿Por qué la entrega de tierras continúa generando conflicto en zonas rurales?
La pregunta sobre la distribución y tenencia de la tierra es central en muchas regiones rurales del país, pues históricamente ha estado en el origen de tensiones entre diferentes comunidades. La falta de definición clara en los títulos y las promesas incumplidas de formalización suelen derivar en disputas como la registrada en Ricaurte, donde campesinos e indígenas reclaman derechos sobre los mismos terrenos.
Este tipo de conflictos revela la importancia de acompañar la entrega de tierras con ofertas integrales, que permitan a las familias no solo acceder a un espacio habitable, sino también contar con los medios para aprovecharlo productivamente. Sin este enfoque, las entregas pueden avivar viejos resentimientos y dar lugar a crisis sociales y económicas, como ocurre actualmente en Bolívar, Valle del Cauca.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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