El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La dinámica del conflicto armado en Colombia ha adoptado nuevas formas de reclutamiento en los últimos años, consolidando prácticas más atractivas y menos coercitivas para ampliar la base de apoyo de organizaciones ilegales. Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) citado por El Espectador, estos grupos armados han sofisticado sus estrategias, transformando la vinculación de nuevas personas en una oferta estable que incluye pagos, incentivos y hasta “periodos de vacaciones”. Al hacerlo, no solo han incrementado su tamaño y presencia en varias regiones, sino que han fortalecido su arraigo social y tejido de control territorial.
Estas metodologías de captación ya no se limitan a la intimidación o a la fuerza. Ahora, según la FIP, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales, suman en conjunto más de 27.000 integrantes, cifra que representa el máximo registrado desde la firma del Acuerdo de Paz. El crecimiento acelerado revela no solo la capacidad de suplir bajas, sino la necesidad permanente de aumentar sus filas para sostener y expandir su influencia ante la competencia en los territorios.
De acuerdo con el informe de la Fundación, el Estado Mayor Central (EMC) dirigido por Iván Mordisco incrementó su personal un 23 % al pasar de 3.279 a 4.019 miembros. Asimismo, la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), encabezada por Calarcá Córdoba, sumó un 22 % más integrantes, ascendiendo de 2.415 a 2.958. El ELN creció un 9 %, alcanzando 6.810 miembros, y el Comando Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), liderado por Walter Mendoza, subió en un 25 %. Incluso agrupaciones pequeñas como los Comuneros del Sur —una escisión del ELN— muestran tendencias similares, evidenciando que se trata de un fenómeno transversal y no de casos aislados.
El informe agrega que este crecimiento ocurre simultáneamente con una intensificación de los enfrentamientos entre grupos, lo que obliga a reforzar la presencia armada y controlar nuevos frentes. Para sostenerse en este entorno fragmentado, el reclutamiento —incluidas redes de apoyo no armadas— se convierte en recurso fundamental para resistir la presión tanto de rivales como de la Fuerza Pública. Así, salarios, bonos por labor cumplida y “vacaciones” no son solamente incentivos, sino tácticas clave para sostener la expansión.
Esta nueva modalidad implica tener colaboradores que, aunque no porten armas, cumplen funciones esenciales: vigilancia, mensajería, control de accesos y apoyo logístico. Tales tareas, consideradas de bajo riesgo, permiten a los grupos ampliar su radio de acción incluyendo más personas dentro de su estructura sin exponerlos al combate directo. Paula Tobo, investigadora de la FIP, explica que esta normalización “hace la puerta de entrada mucho más atractiva, no solo económicamente, sino también por el ascenso social que puede brindarse en contextos con escasas alternativas legales”.
Estos incentivos cumplen también la función de garantizar un flujo estable de nuevos colaboradores, así como de fortalecer el control territorial y la imposición de normas dentro de las comunidades. Al transformar el reclutamiento en una oferta laboral, aunque informal y al margen de la legalidad, los grupos armados compiten directamente con las economías locales y profundizan el desafío para el Estado colombiano, que enfrenta una estructura criminal cada vez más integrada y adaptada al entorno social y económico de las regiones bajo amenaza.
¿Cuáles son los retos específicos para el Estado con esta modalidad de reclutamiento?
Frente a la sofisticación de estas estrategias, el Estado debe enfrentar retos inéditos. La presentación del reclutamiento como “empleo” en comunidades con pocas oportunidades agrava las dificultades para recuperar el control territorial y desarticular la ilegalidad. Además, al tener colaboradores no armados, que no participan directamente en el combate pero sí facilitan el funcionamiento diario de los grupos, se difuminan los límites para la respuesta institucional y judicial.
Este fenómeno obliga a repensar las políticas de seguridad y prevención, para poder desarticular no solo los frentes armados sino también las redes de apoyo social y logístico que hoy constituyen la verdadera base del poder territorial de estos grupos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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