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El pasado sábado, la ciudad de Ocaña, situada en el noreste de Colombia, se convirtió en el epicentro de sentidos homenajes tras el accidente aéreo que cobró la vida de quince personas. Entre las víctimas se encontraba Diógenes Quintero Amaya, reconocido congresista que representaba la región del Catatumbo desde la curul de Paz en la Cámara de Representantes. En su honor, un retrato acompañado de flores fue dispuesto durante las ceremonias fúnebres, donde se reunieron familiares, colegas y ciudadanos para despedir a una de las figuras más comprometidas con el bienestar de su comunidad.
La despedida a Quintero Amaya no estuvo restringida únicamente a Ocaña. Diversos actos de conmemoración tuvieron lugar tanto en la Gobernación de Norte de Santander, en la capital regional de Cúcuta, como en la alcaldía del municipio donde residía, reflejando la trascendencia que tuvo su labor en la vida política y social del territorio. Las autoridades locales expresaron, a través de un comunicado, la importancia de acompañar y solidarizarse con las familias sumidas en el dolor por la tragedia, reiterando la magnitud de la pérdida para la región y el país.
En paralelo, las exequias de las demás víctimas fueron programadas en distintas ciudades del país, tales como Bogotá, Arauca, Valledupar y Medellín. El fatídico accidente ocurrió el miércoles 28 de enero, cuando un avión Beechcraft 1900, operado por la empresa Searca para la aerolínea estatal Satena, se estrelló en una zona rural de La Playa de Belén, en Norte de Santander. La aeronave cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, transportando a trece pasajeros y dos tripulantes, y lamentablemente, no se registraron sobrevivientes
Entre quienes perdieron la vida se encontraban la trabajadora humanitaria Maira Alejandra Avendaño Rincón, del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), y Karen Liliana Parales Vera, vinculada a World Vision. Ambas se desempeñaban en el Catatumbo, una región marcada por la violencia, y su labor había sido destacada previamente por organizaciones sociales e internacionales. Las autoridades también confirmaron el fallecimiento del médico neurocirujano Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón y su esposa, María del Carmen Díaz Rodríguez, así como otros pasajeros identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Anayisel Quintero, Anirley Jendano Osorio, Gineth Rincón, Mayra Sánchez Criado, y Juan Pacheco Mejía. Natalia Acosta Salcedo, asistente del congresista Quintero Amaya, además del capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega, también figuran dentro de la lista de víctimas.
Satena confirmó a través de un comunicado que, con el apoyo de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, los cuerpos fueron entregados a sus familias. Asimismo, Searca, empresa responsable de la operación del vuelo afectado, organizó el traslado aéreo de los féretros y sus acompañantes a las respectivas ciudades de origen para facilitar los funerales. Respecto a las causas del accidente, aún están bajo investigación. Satena aclaró que las condiciones meteorológicas eran adecuadas para el vuelo y que el piloto no reportó ninguna emergencia a las torres de control, lo que acrecienta las dudas y el llamado a una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
¿Por qué la presencia de organizaciones como el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y World Vision en el Catatumbo es relevante en el contexto de la tragedia?
La mención de trabajadoras humanitarias pertenecientes al Consejo Noruego para los Refugiados y World Vision entre las víctimas del accidente pone de manifiesto la importancia del trabajo que estas organizaciones llevan a cabo en zonas afectadas por el conflicto y la violencia, como la región del Catatumbo. Sus intervenciones suelen estar orientadas a brindar apoyo a comunidades vulnerables, con acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida, proteger derechos y fomentar la estabilidad social en territorios donde la presencia estatal resulta insuficiente.
La pérdida de integrantes activos de estas entidades representa un golpe significativo, ya que limita la capacidad de respuesta y atención a las comunidades, además de destacar los riesgos que enfrentan quienes se dedican a la ayuda humanitaria en Colombia. En este sentido, se reabre el debate sobre la seguridad de los actores sociales y la importancia de su labor como puente entre el Estado y las poblaciones más necesitadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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