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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado por concluida la investigación del macrocaso 01, una labor que durante siete años se centró en esclarecer la política de secuestros implementada por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entre 1993 y 2016. Según lo detallado por la JEP en un comunicado oficial, este trabajo representa la primera radiografía judicial exhaustiva de los secuestros llevados a cabo por las Farc, permitiendo identificar a los máximos responsables, entender los mecanismos, regionalizar el fenómeno y dimensionar el impacto diferenciado en víctimas, comunidades y territorios.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP atribuyó estos crímenes a 22 antiguos miembros de las Farc: 15 del Bloque Oriental y siete del Bloque Sur, señalados como los principales responsables regionales de la ejecución de la política de secuestros en todo el país. Entre los señalados del Bloque Oriental se encuentran Wilmar Antonio Marín, Bernardo Mosquera, Nelson Quintero y otros, mientras que el Bloque Sur está representado por figuras como Fabián Ramírez y Floresmiro Burbano. Cada uno de estos nombres ha sido vinculado directamente con la sistemática comisión de secuestros y otras graves violaciones a los derechos humanos.
La acusación no se limita solamente al delito de secuestro, pues la JEP señala también otros crímenes cometidos en el marco del cautiverio: homicidio, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual, esclavitud y desplazamiento forzado. La investigación revela que los cientos de secuestros documentados respondieron a tres patrones criminales principales: obtener recursos para financiar a la guerrilla, presionar intercambios por guerrilleros capturados y ejercer control social y territorial.
Durante el proceso, la JEP acreditó a 4.439 víctimas, quienes participaron en audiencias para dar sus testimonios y relatar el profundo daño sufrido durante años de cautiverio. De acuerdo con la JEP, en total han sido identificados 63 máximos responsables de esta política criminal en las Farc. Siete altos mandos de la cúpula ya fueron sentenciados a ocho años de sanciones propias bajo la justicia restaurativa, mientras que otros 34 exjefes regionales habían sido imputados previamente.
Ahora, los 22 exjefes que acaban de ser imputados disponen de 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o, por el contrario, rechazarla. Si aceptan su responsabilidad y contribuyen con la verdad completa, el caso se remitirá al Tribunal de Paz, donde se les impondrán sanciones propias consistentes en restricciones efectivas de la libertad. En caso de negarse, el proceso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación, pudiendo enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, según lo dispuesto por la propia jurisdicción.
¿Qué implica la justicia restaurativa en el marco de la JEP?
La Justicia Especial para la Paz (JEP) implementa un modelo de justicia restaurativa, en contraposición a la justicia punitiva tradicional. Bajo este enfoque, las sanciones buscan reparar el daño causado, restaurar los derechos de las víctimas y reconstruir el tejido social roto por el conflicto, en lugar de centrarse únicamente en el castigo carcelario.
Dicho esquema considera esencial la verdad plena, la aceptación de responsabilidad y la reparación integral. Por ello, permite que los responsables tengan sanciones alternativas, como restricciones de la libertad supervisadas, siempre que se cumplan los requisitos mencionados. De este modo, la JEP busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y no repetición, mientras promueve la consolidación de la paz y la reconciliación en Colombia. Sin embargo, hay debate sobre la suficiencia de estas penas y su impacto en la garantía de no impunidad. ¿Cree la sociedad colombiana que este modelo restaurativo satisface el derecho a la justicia de las víctimas?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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