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La población civil del municipio de Briceño, ubicado en el Norte de Antioquia, enfrenta una crisis humanitaria recurrente debido a un marcado aumento en los enfrentamientos armados. Según reporta El Colombiano, los combates se han intensificado en las zonas rurales, involucrando al Clan del Golfo —que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, las disidencias del Frente 36 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la fuerza pública. Como consecuencia inmediata, 28 sedes educativas rurales han suspendido totalmente sus actividades y el centro de salud de la vereda El Roblal quedó sin atención para sus habitantes.
Este escenario violento ha paralizado por completo la vida cotidiana en Briceño. Cifras suministradas por las autoridades locales indican que, ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado, alrededor de 375 estudiantes se quedaron sin clases presenciales y han adoptado un modelo de desescolarización temporal. Además, el cese en el transporte público y de carga ha aislado a varias comunidades, que no pueden movilizarse ni acceder a bienes básicos. El alcalde, Noé de Jesús Espinosa, explicó que cerca de 500 personas se encuentran confinadas en diferentes veredas, muchas de ellas recurriendo a refugiarse debajo de las camas para protegerse de las balas perdidas o de las exposiciones explosivas.
El temor ha obligado a 23 familias a desplazarse hacia el casco urbano, donde han buscado refugio en casas de allegados, mientras las autoridades municipales trabajan en la logística necesaria para garantizarles atención humanitaria y techo. La crisis afecta con gran gravedad a al menos diez veredas, entre ellas El Roblal, Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo y La América, evidenciando el alto grado de vulnerabilidad en la región.
El trasfondo de estos hechos se relaciona directamente con la disputa por el dominio del cañón del río Cauca, una ruta estratégica que conecta el Bajo Cauca con el Occidente antioqueño. Fuentes militares y habitantes consultados revelan que alias “Gonzalito”, quien ocupa el segundo liderazgo dentro del Clan del Golfo, habría ordenado una ofensiva para expulsar de la zona a alias “Primo Gay”, cabecilla del Frente 36, con el objetivo de ganar control territorial. Para este fin se habrían trasladado refuerzos bajo la jefatura de alias “El Grande”, mientras que “Pollo” lideraba las acciones dentro del territorio.
La capacidad de acción de la fuerza pública, en particular del Ejército Nacional, ha estado limitada por la presencia de artefactos explosivos improvisados y campos minados sembrados por las disidencias con el propósito de frenar tanto a sus adversarios ilegales como a la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado. El gobernador Andrés Julián Rendón ha elevado un llamado público al Gobierno Nacional para que brinde protección efectiva y reforzamiento de tropas, recordando compromisos asumidos meses atrás que no se materializaron debido a traslados de contingentes a otras regiones.
El sufrimiento de la comunidad, sin embargo, no es nuevo. En octubre de 2023, aproximadamente 2.000 campesinos —lo que representa el 25% de la población de Briceño, según datos de la Gobernación de Antioquia— debieron abandonar sus veredas ante el temor y las amenazas de los grupos armados. El desplazamiento forzado masivo y el desarraigo llevaron a que la mayoría se refugiaran en el parque y la escuela urbana durante semanas. En aquel entonces, la Gobernación denunció que el Gobierno Nacional desatendió varios llamados para aumentar la presencia militar en el municipio.
La violencia no se limita a las áreas rurales. En diciembre de 2023, miembros del Clan del Golfo perpetraron un ataque en el barrio Divino Niño del casco urbano, asesinando a una niña de 14 años y a un hombre, en un episodio que, según las autoridades, buscaba intimidar y castigar a supuestos familiares de miembros de las disidencias. Este hecho motivó la intervención y alerta de la Defensoría del Pueblo, quienes advirtieron sobre los enormes y persistentes riesgos para la comunidad ante la disputa armada.
Además, la presencia y dominación de los grupos armados han desembocado en el uso instrumental de la comunidad civil. Un caso reportado en noviembre evidencia cómo alrededor de 200 personas, presionadas por los grupos ilegales según versiones recogidas por El Colombiano, participaron en una asonada para exigir la liberación de presuntos integrantes de disidencias capturados por el Ejército Nacional, desnudando así los mecanismos de coacción e intimidación que enfrentan a diario quienes habitan la zona.
¿Qué significa “desescolarización temporal” y por qué es tan grave en escenarios de conflicto armado?
La desescolarización temporal refiere a la interrupción, aunque sea por corto tiempo, del acceso regular de los estudiantes a sus centros educativos. Este fenómeno adquiere especial relevancia en escenarios de conflicto armado como Briceño, ya que priva a los menores de su derecho fundamental a la educación y expone a niños y jóvenes a riesgos mayores, como el reclutamiento forzado, el desplazamiento o la pérdida de contacto con instituciones protectoras. Las organizaciones humanitarias y entes estatales insisten en que garantizar la continuidad escolar, aun en contextos adversos, resulta clave para proteger la niñez y asegurar la reconstrucción del tejido social en comunidades golpeadas por la violencia. ¿Qué estrategias pueden adoptar los entes territoriales para restablecer la educación y proteger a los estudiantes en municipios afectados por el conflicto armado?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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