El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El 6 de diciembre, un corte en el suministro de energía eléctrica dejó a 2.063 habitantes de la vereda Puerto Líbano, en la zona rural de Nechí, incomunicados por más de una semana. Lo singular de este hecho, reportado por Colombia+20, no fue la complejidad técnica de la reparación, sino las dificultades de seguridad para acceder al área y la retención del personal encargado por parte de grupos armados ilegales. Según testimonios recogidos por el periódico, miembros del Clan del Golfo interceptaron a los trabajadores de la compañía eléctrica, demandaron documentos de identificación y monitorearon cada una de sus actividades, supervisando el tiempo y las labores permitidas.
Este suceso representa apenas una faceta del entorno hostil que predomina en el Bajo Cauca antioqueño, donde la continuidad de los servicios públicos depende en gran medida de la autorización y vigilancia de actores armados ilegales. Municipios como Nechí, Tarazá, Zaragoza, Cáceres, El Bagre y Caucasia figuran con reiteración en alertas de riesgo por enfrentamientos, confinamientos y restricciones de movilidad, una realidad confirmada en reportes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales desde 2020.
Entre los factores que profundizan el conflicto está la disputada explotación del oro. La región es escenario de una confrontación constante entre el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes, motivados por las sustanciales ganancias que ofrecen la minería ilegal y las rutas estratégicas, ejercen control sobre el territorio. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su análisis de octubre de 2025, resalta que el oro, a diferencia de la cocaína, ingresa fácilmente en circuitos legales y facilita el lavado de activos, un atractivo incrementado por la sostenida subida del precio del mineral.
Antioquia, el segundo departamento de Colombia en producción aurífera según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), enfrenta así una “tormenta perfecta”, donde los equilibrios militares y ambientales ceden ante una disputa mucho más profunda: la gobernanza del territorio.
Las restricciones motivadas por los grupos armados no se limitan al enfrentamiento armado, sino que afectan directamente la vida cotidiana. Un informe citado señala que entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se documentaron múltiples casos de expulsión, retención y bloqueo de cuadrillas técnicas responsables del mantenimiento y operación de infraestructuras esenciales. En corregimientos como Las Conchas, Pato, Puerto Claver, Cuturú y Piamonte, la presencia de actores ilegales impidió el acceso a personal de servicios públicos y funcionarios, dificultando aún más la provisión de energía, agua, educación y salud. Estas limitaciones afectan no solo la economía familiar, como ejemplifican los daños a alimentos por la falta de refrigeración, sino también la comunicación y la seguridad de las comunidades.
La influencia de estos grupos impacta además el proceso político local. El Bajo Cauca es parte de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), diseñadas para otorgar representación a las zonas más afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, condiciones adversas como el confinamiento y las restricciones de movilidad, advertidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), amenazan la transparencia y participación en los procesos electorales de la región. El mismo análisis de la MOE clasifica a todos los municipios del Bajo Cauca en un nivel extremo de riesgo electoral, resultado directo del control territorial que ejercen los actores ilegales.
Frente a este panorama, las contradicciones entre autoridades y organizaciones sociales se manifiestan en zonas como Caucasia, que se ha transformado en receptora de desplazados de regiones rurales, cambiando la naturaleza del conflicto de lo rural a lo urbano. Mientras tanto, las restricciones de acceso a servicios básicos continúan siendo una parte central del drama humanitario que viven cientos de familias en el Bajo Cauca antioqueño.
¿Por qué es tan relevante la gobernanza territorial en zonas con presencia de minería ilegal y actores armados?
La disputa por la gobernanza territorial no solo define quién ostenta el control formal o de facto en una región, sino también la posibilidad de que las comunidades accedan a derechos fundamentales. Según la información citada, en lugares como el Bajo Cauca la lucha por el territorio determina el acceso a servicios públicos básicos, la movilidad e incluso la participación política, ya que las restricciones impuestas por los grupos armados alteran tanto el funcionamiento institucional como la vida cotidiana de sus habitantes.
En contextos donde la minería ilegal incrementa sus ganancias y dinamiza los flujos de recursos, el atractivo para actores armados se intensifica. Esto propicia un ciclo en el que la explotación de recursos naturales pasa a ser motor del conflicto, generando nuevas formas de control social y económico sobre la población local. Por tanto, el desafío de recuperar la gobernanza legítima resulta clave para abrir caminos hacia la paz y la protección efectiva de los derechos humanos en estas regiones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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