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Colombia ha emprendido una nueva y sofisticada estrategia en la lucha contra los cultivos ilícitos, respaldada de manera directa por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La nación sudamericana apuesta por el despliegue de drones para erradicar plantaciones de coca, buscando modificar el rumbo de una problemática que alcanzó, según las Naciones Unidas (ONU), una cifra preocupante de 253.000 hectáreas de coca sembradas en 2023. Este giro tecnológico se produjo luego de años de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, periodo en el que inclusive Colombia fue descertificada como socio confiable en materia antidrogas.
El objetivo declarado, tanto por el gobierno colombiano como por el estadounidense, es disminuir el impacto que la producción de cocaína tiene en ambas naciones. La iniciativa fue resaltada públicamente por el propio Departamento de Estado en su cuenta de la red social X, donde enfatizó que recurrir a la tecnología de drones genera una opción revolucionaria: se podría reducir de manera significativa el cultivo ilegal, incrementar la seguridad en Colombia, evitar la proliferación de drogas letales en Estados Unidos y, con ello, salvar más vidas a ambos lados de la frontera.
Este plan piloto forma parte del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat) y aún aguarda por las autorizaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Destaca el hecho de que, a diferencia del controvertido modelo de aspersión aérea con glifosato —prohibido en 2015 tras advertencias de la Corte Constitucional por sus riesgos cancerígenos—, el método con drones es catalogado como “terrestre”. Así, los dispositivos operarán a una intermedia altura de hasta 1,5 metros sobre el cultivo, una acción que permitirá mayor precisión y, según el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, hará innecesaria la consulta previa con comunidades, ya que se intervendrán zonas apartadas de población campesina o étnica.
De acuerdo con voceros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la reducción de la cocaína que llega al país norteamericano es un motor clave de apoyo a esta estrategia conjunta. Por otra parte, proteger la integridad del personal uniformado colombiano se vuelve imperioso, especialmente después de trágicos episodios recientes como la muerte de 12 policías en un ataque a un helicóptero y otro atentado en la vereda Los Toros, Antioquia, que costó la vida a 13 uniformados, ambos eventos atribuidos a grupos armados ilegales.
El plan de erradicación con drones iniciará en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Allí, las autoridades han hecho hincapié en la necesidad de acciones preventivas para minimizar cualquier posible afectación ambiental durante las operaciones, según lo expresó el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, al alcalde Osman Guaca. Los operativos, anunciados en plena etapa de renovación de los lazos militares y estratégicos con Estados Unidos tras una reunión reciente en la Casa Blanca, se mantendrán bajo estricta reserva de seguridad. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) destaca que este proceder “quirúrgico” y enfocado en áreas de difícil acceso permitiría mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico y reduciría la exposición de las fuerzas del orden en zonas controladas por grupos armados.
¿Qué diferencias existen entre la aspersión aérea y la erradicación terrestre con drones en Colombia? La comparación entre ambos métodos permite entender el contexto y las razones detrás del cambio de estrategia. La aspersión aérea, suspendida desde 2015 por fallos judiciales debido a los peligros asociados al glifosato, implicaba la dispersión masiva de sustancias químicas desde aeronaves sobre extensas superficies, lo que generó preocupación por los riesgos para la salud humana y el ambiente. Por su lado, la erradicación terrestre mediante drones se centra en la precisión: los dispositivos trabajan a baja altura y de forma focalizada, únicamente en sectores que se encuentran alejados de comunidades, sin intervención en áreas habitadas. Esta tecnología ofrece un control más estricto sobre las zonas afectadas y se presenta como una herramienta con un menor margen de impacto negativo para las personas y los ecosistemas cercanos.
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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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