El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, se unió a la discusión nacional sobre el salario mínimo en una tensa atmósfera política y económica a raíz de la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto presidencial que lo regulaba. Estas palabras que publicó en su cuenta de X el 13 de febrero de 2026 aclara la postura de su partido, el Centro Democrático: “No nos oponemos al aumento del salario, nos oponemos a la carga de impuestos, al desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo. Buen salario y menos impuestos a los emprendedores”.
Uribe sentencia que un buen salario debe ir acompañado de políticas que alivien la presión fiscal a emprendedores, fomentando de este modo la inversión privada y la generación de empleo. Contrario a este panorama positivo, identifica factores negativos que hacen insustentable el aumento del salario mínimo como son la alta carga impositiva, la corrupción endémica, la violencia constante, y la parálisis económica que impide el desarrollo.
Este punto de vista se contrapone al del Gobierno Nacional, liderado por Gustavo Petro, que aún no ha estructurado una estrategia clara para lidiar con la suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tacha esta decisión de “inconstitucional, irresponsable e inhumana” aduciendo que aquellos cuya supervivencia depende del salario mínimo serán los más perjudicados.
El tema del salario mínimo es un asunto candente en la actualidad política de Colombia y Uribe espera capitalizar la oportunidad para promover un pacto nacional: un salario digno para los trabajadores sin suprimir la iniciativa privada. El expresidente se alinea con diferentes personajes de la política y economía colombiana en la discusión del salario mínimo, en este contexto, el presidente de la CUT acusa a los altos ingresos de querer recortar beneficios a trabajadores y Bruce Mac Master de Andi, sostiene que no demandaron el decreto.
A pesar de las diferencias, Uribe propone al Centro Democrático como defensor de la justicia laboral, con la condición de que se realicen reformas integrales en contra de la corrupción y los impuestos excesivos. Esta postura divide aún más el pulso político-económico en Colombia. Mientras el oficialismo prioriza un incremento salarial inmediato sin considerar los riesgos de inflación, la oposición se enfoca en la sostenibilidad a largo plazo mediante una menor intervención estatal.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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