La determinación obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, lo que abre la puerta a varios escenarios, incluido uno en el que el aumento sea nuevamente cercano al 23 %.
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La suspensión marca un precedente sin antecedentes recientes, pues se dio tras la presentación de cerca de 30 demandas que cuestionaban la legalidad del incremento. Los demandantes argumentaron que el ajuste no cumplía con los criterios técnicos y macroeconómicos exigidos por la normativa vigente para fijar el salario mínimo.
Gobierno deberá expedir un nuevo decreto del salario mínimo
El alto tribunal ordenó suspender temporalmente los efectos del decreto mientras analiza de fondo su legalidad. Entretanto, el Gobierno está obligado a establecer un aumento transitorio que regirá mientras se toma una decisión definitiva.
Este nuevo decreto deberá cumplir con parámetros específicos, entre ellos:
- La meta de inflación fijada por el Banco de la República para 2026.
- La productividad reportada por el Dane.
- La participación de los salarios en el ingreso nacional durante 2025.
- La inflación registrada en 2025.
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año.
- La protección constitucional al trabajo.
- La garantía de una remuneración mínima, vital y móvil.
- La función social de la empresa y los objetivos de dirección económica.
No se descarta que el aumento vuelva a rondar el 23 %
Uno de los escenarios que más abre debate es que el Gobierno vuelva a fijar un incremento muy cercano al 23 %, pero sustentado en un análisis técnico más detallado que cumpla con los requisitos exigidos por el Consejo de Estado.
Según explicó el analista Aurelio Suárez en Blu Radio, el Ejecutivo podría argumentar que ese porcentaje surge de la ponderación adecuada de variables como inflación, productividad y crecimiento económico.
Esto implicaría que el Gobierno mantenga su postura original, pero con un soporte técnico reforzado, lo que podría derivar en un nuevo enfrentamiento jurídico si la cifra vuelve a ser cuestionada.
“El Gobierno puede volver a fijar el 23 % diciendo que las variables que pide el Consejo de Estado las ponderó y calculó, lo cual da esa cifra”, dijo Suárez en la emisora.
No obstante, también existen otros escenarios sobre la mesa, como la posibilidad de establecer un incremento menor de forma temporal o definir un ajuste intermedio mientras el alto tribunal toma una decisión definitiva.
El concepto de salario vital, arma de Gustavo Petro
Más allá de la cifra puntual, el Gobierno ha insistido en un enfoque distinto: hablar de un salario “vital” en lugar de uno simplemente mínimo. Este concepto busca ir más allá de compensar la inflación y apunta a garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo utiliza desde 2024 el término salario vital o salario digno como un referente orientador. Este se define como el ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte, de acuerdo con el contexto económico de cada país.
A diferencia del salario mínimo tradicional, el salario vital incorpora factores como el costo real de vida, el tamaño de los hogares, la productividad y el equilibrio con la sostenibilidad empresarial. Su objetivo principal es reducir la pobreza laboral y cerrar brechas de desigualdad.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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