Es por eso que los apoderados de la familia del también humorista radicaron  ante ese alto tribunal un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que recientemente le redujo la condena al exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (Das), que en primera instancia había sido sentenciado a 30 años de prisión como autor intelectual del hecho, informó La FM.

José Miguel Narváez quedó con una condena de 26 años después de que la Sala Penal de ese tribunal considerara que para la fecha del homicidio de Garzón, el 13 de agosto de 1999, no estaban tipificados los delitos de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico colombiano y la Fiscalía tampoco lo citó como tal.

Jaime Garzón

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En ese sentido, la emisora detalla que, con base en testimonios de exparamilitares que involucran a agentes del Estado, los abogados argumentan que “el asesinato del humorista hizo parte de una estrategia elaborada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en contra de un grupo de personas que defendían los Derechos Humanos y estaban haciendo denuncias importantes sobre violaciones al (Derecho Internacional Humanitario) DIH dentro de las entidades del Estado”.

Uno de los que pide la prescripción del caso es el exgeneral Rito Alejo del Río, que terminó relacionado con el crimen después de que uno de sus subalternos en ese entonces, el coronel Jorge Enrique Plazas Acevedo, fuera señalado de ser el encargado de hacer los seguimientos a Garzón e informar de sus movimientos a los paramilitares, añade El Tiempo. Ambos casos se encuentran en la JEP.

Además de la participación del jefe paramilitar Carlos Castaño, ese diario agrega que el caso también hay otras responsabilidades por aclarar, como la de otros funcionarios del Das acusados de entorpecer la investigación, entre los cuales se señala al general (r) Mauricio Santoyo como “determinador y coordinador de esa estrategia”.

Carlos Castaño

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Junto con el asesinato de al menos siete testigos, de acuerdo con ese mismo medio, el tiempo corre y comienza a apremiar, por lo que el pronunciamiento de la Corte Suprema será clave para saber si habrá luz sobre el hecho o Narváez quedará como el único responsable ante la justicia.