Mario Alejandro Aranguren, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), es un hombre libre ante la sociedad. La Corte Suprema de Justicia revocó una condena de 11 años de prisión que tenía en su contra, por participar del escándalo de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ventilando información financiera de magistrados que empezaban a destapar la parapolítica y opositores del segundo gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
Aranguren, en mayo de 2018, fue declarado culpable por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y prevaricato (actuar de una forma contraria a lo que se espera para su cargo). Sin embargo, le quedaba un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual tuvo efecto en las últimas horas. Para empezar, la alta corte señaló que, aunque Aranguren se concertó para poner la institución que dirigía al servicio de las órdenes que venían de presidencia, no se le puede considerar el “cerebro” de la “organización ilegal”.
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Por tanto, el agravante que pesaba en contra de Aranguren quedó injustificado, según la Corte. Entonces, debía ser juzgado por concierto para delinquir simple. Aunque la justicia, en una tercera oportunidad, demostró que sí fue miembro de todo un complot para otorgar información financiera a conveniencia del gobierno, la persecución penal en su contra, por ese delito, finalizó en mayo de 2016. En consecuencia, fue declarado inocente.
A la Corte le restaba verificar si Aranguren era culpable por el delito de prevaricato. Sin embargo, consideró que la Fiscalía y los tribunales anteriores que lo condenaron fueron, en cortas palabras, exagerados con el exdirector de la UIAF. Dado que las órdenes venían desde la Presidencia, no se le podía reprochar por entregar la información privilegiada al DAS, con el cual tenía un convenio interadministrativo por Ley. Y mucho menos a la Fiscalía, a la cual se le rinden informes con fines de investigación recurrentemente.
El exdirector de la UIAF fue condenado, por el Tribunal, por facilitar datos personales de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a petición de, como lo confesó, el secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas. También entregó datos clave de los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como del periodista Daniel Coronell. Bajo la dirección de Aranguren, se revisaron cuentas sin orden judicial y se le entregó balances de contrainteligencia al extinto DAS.
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La Fiscalía, durante el juicio contra Aranguren, aseguró que la UIAF realizó un seguimiento detallado a los magistrados de la Corte Suprema que estuvieron en un viaje a Neiva, en 2006. El caso, desprendido del escándalo de las chuzadas del DAS, es conocido como la “operación paseo”. Un plan orquestado por miembros de la Presidencia y el extinto DAS, con el cual intentó ubicarse información que pudiese comprometer a los magistrados y, así, entregar revelaciones a la prensa. Una campaña de desprestigio.
El ente investigador logró probar que la información de la UIAF se les entregó a medios de comunicación por instrucción de a Presidencia. La idea, como lo explicó la Fiscalía, era que se difundieran versiones que permitieran abrir investigaciones contra los magistrados y legitimar los seguimientos que entonces no tenían orden judicial. En 2010, la Procuraduría sancionó con destitución y 18 años de inhabilidad a Aranguren por estos hechos.
Sin embargo, en octubre de 2021, el Consejo de Estado tumbó la destitución e inhabilidad del exdirector de la UIAF, al considerar que permitió se entregara información confidencial a una autoridad competente. Es decir, actuó en el marco de sus funciones, tras la orden que en su momento aparentaba legitimidad. “(Aranguren) recibió un requerimiento de una autoridad competente o receptora de productos de inteligencia, el cual por ser conexo y vinculado a la actividad de la Unidad que dirigía, impulsó internamente”.
En este punto, cabe destacar que la Procuraduría lo procesó por supuestamente entrometerse sin justificación en la vida íntima de las personas, en este caso magistrados que, para entonces, iniciaban sus procesos investigativos por la denominada parapolítica. A pesar de que bajo ese cargo el Consejo de Estado consideró que cumplió con sus funciones constitucionales, la alta corte dio validez a la condena penal que pesa sobre el exdirector de la UIAF por orden del Tribunal Superior de Bogotá en 2018. No obstante, el tiempo salvó a Aranguren de pasar años en prisión.
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