Así como hubo una acción popular contra el traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a Cali, hubo un golpe sobre la mesa frente a las elecciones en las que ganó la presidencia.
El mandatario Gustavo Petro se refirió a ese tema en declaraciones del pasado lunes 3 de agosto, en donde aseveró que en esa victoria hubo fraude contra
Iván Cepeda por medio de una demanda de nulidad y una web.
De ahí, el medio digital La Silla Vacía reaccionó por medio de su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter) para presentar una serie de explicaciones de su denominado ‘Detector de mentiras’.
“El 20 de julio Petro dijo que ‘nunca hizo un debate sin pruebas’. Anunció que publicaría la demanda “presentada por la ciudadanía por fraude electoral”. Esa misma noche compartió también una página web de los ‘testigos digitales’ con lo que llamó ‘todas las pruebas ya judicializadas’, advirtió en el arranque de su hilo.
La insistencia de Petro con las denuncias sobre los resultados, a pesar de que el escrutinio dio como ganador a Abelardo de la Espriella, tiene así este nuevo capítulo en el que le sacaron a flote algunas inconcordancias frente a lo dicho.
El medio remarcó que, diferente a lo afirmó el presidente, diferentes pasajes de la propia acción judicial reconocen abiertamente la ausencia de elementos probatorios que demuestren un fraude electoral en la segunda vuelta.
Además, que el escrito legal señala explícitamente: “No supone sostener que se han alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”.
La Silla Vacía señaló que la tesis central de los querellantes sostiene que la Registraduría redujo la calidad en las verificaciones digitales de las actas E-14 publicadas en la plataforma web durante el proceso de 2026.
La argumentación tomó como base un muestreo sobre 97 documentos descargados: 51 correspondientes a las votaciones de 2022 y 46 pertenecientes a la primera vuelta de 2026.
Los denunciantes indicaron que los archivos informáticos de 2026 carecían de metadatos completos y presentaban nomenclaturas idénticas para mesas distintas.
A juicio de los accionantes, estas inconsistencias impidieron que cualquier ciudadano del común hiciera una auditoría digital independiente sobre cada mesa de votación.
El presidente Gustavo Petro replicó esta postura ante los medios informativos asegurando: “120 mil documentos electorales, ninguno tiene candado hash para que no sean modificables”.
Sin embargo, la Registraduría mantuvo intactos los metadatos, la estampilla de tiempo y la clave hash en el canal oficial habilitado para auditores, misiones de observación y agrupaciones políticas.
La Misión de Observación Electoral confirmó de forma independiente la disponibilidad técnica de estos registros para las campañas, incluyendo al Pacto Histórico.
“Los accesos de auditoría que tenemos (y que también usan los auditores de las campañas) permiten realizar descargas masivas para verificar por cortes de tiempo cuáles actas han sido cargadas”, indicó.
La MOE enfatizó además que la publicación de actas E-14 atendió al mismo contrato tanto para los comicios presidenciales como para las elecciones legislativas del Congreso.
Es decir, la supuesta falla de trazabilidad aplicaría al Congreso, donde la colectividad del Pacto Histórico obtuvo la mayor votación nacional.
En Colombia, el escrutinio oficial con valor jurídico exclusivo se efectúa mediante actas físicas de cada mesa custodiadas por notarios y jueces en presencia de testigos.
La especialista Pilar Sáenz explicó en La Silla Vacía que la brecha de acceso a la información entre la ciudadanía y los auditores autorizados es real, aunque descartó plenamente que esa diferencia configure un fraude.
El expediente judicial dedica 40 páginas a controvertir la verificación digital, sumando reportes sobre 254 actas cargadas tarde, 83 archivos catalogados como confidenciales y 859 documentos con dimensiones irregulares.
Los demandantes mencionaron adicionalmente un servidor ubicado en California, omitiendo que la presencia de infraestructura técnica en el exterior no constituye un acto ilícito por sí misma.
Organismos internacionales como el Centro Carter y la delegación de la Unión Europea avalaron la transparencia de la contienda electoral colombiana.
Por carecer de requisitos formales, la demanda fue inadmitida el 28 de julio, otorgando un plazo subsanatorio que venció sin subsanar la identificación de demandados, la precisión de mesas afectadas y las pruebas técnicas.
Asimismo, la plataforma digital de “testigos digitales” divulga lo que La Silla Vacía calificó como “datos engañosos” basándose en las mismas cifras públicas de la Registraduría que la demanda intenta descalificar.
De acuerdo con el análisis periodístico, el mapa interactivo sobre las denominadas “mesas 100” altera la percepción visual superponiendo los datos del candidato Abelardo sobre los de Cepeda, distorsionando el resultado real.
Al consolidar la información en una sola capa geográfica, el mapa evidencia simplemente la distribución normal de los escrutinios nacionales.
La herramienta de seguimiento del preconteo refleja una curva de cargue estándar sin anomalías, contradiciendo el escrito judicial al registrar un 20% de avance a las 4:30 p.m.
Por su parte, el laboratorio de metadatos ratifica la ausencia de estos elementos en los archivos públicos, confirmando que la información cifrada se reservó para los canales de auditoría autorizados.
Finalmente, La Silla Vacía indica que la simulación interactiva se limita a ejecutar cálculos matemáticos elementales en hojas de cálculo internas, omitiendo que el conteo físico inicial es realizado de forma pública por jurados ciudadanos.
“Pero ni la demanda ni la página muestran fraude contra Cepeda. Lo que hay son cuestionamientos a la trazabilidad digital que ambos textos admiten no equivalen a fraude probado”, sentenció la publicación.
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