El Consejo de Estado le puso un límite a una de las facultades que Gustavo Petro ha utilizado dentro de su política de paz. El alto tribunal suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual el presidente nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz y dejó una advertencia sobre el alcance de las decisiones del mandatario.
La Sección Primera del Consejo de Estado estudió dos demandas que cuestionaban la Resolución 244 de 2023. Aunque una de las solicitudes de medida cautelar fue negada, el tribunal sí ordenó suspender provisionalmente el acto administrativo en el proceso relacionado con los límites que debía tener la gestoría de paz asignada al exjefe paramilitar.
El punto clave está en que la resolución no establecía límites temporales, geográficos ni funcionales claros para la labor de Mancuso. Según explicó el Consejo de Estado, aunque el presidente tiene amplias facultades para dirigir procesos de paz y adoptar medidas encaminadas a preservar el orden público, ese poder no puede ejercerse por fuera de la ley.
El tribunal recordó además que la búsqueda de una paz estable y duradera es un objetivo constitucional, pero que esto no significa que puedan dejarse de lado los derechos de quienes fueron víctimas de los grupos armados. En ese sentido, mencionó garantías relacionadas con la verdad, la justicia y la reparación.
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La decisión también retomó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de 2024, que había advertido que una gestoría de paz no puede ser “ilimitada, descontrolada o irrestricta” en sus alcances. Para el Consejo de Estado, esa consideración resulta relevante al revisar la designación de Mancuso y las condiciones bajo las cuales podía ejercer como gestor.
Así, el mensaje al Gobierno Petro va más allá del caso particular del exjefe paramilitar. El Consejo de Estado recordó que la discrecionalidad presidencial no equivale a actuar sin restricciones: las decisiones relacionadas con la paz también deben tener sustento legal y respetar los derechos de las víctimas.
Por ahora, la suspensión es provisional y no representa una decisión definitiva sobre la legalidad de la resolución. El proceso judicial deberá continuar mientras se determina de fondo si las condiciones establecidas por el Gobierno para la gestoría de paz de Mancuso se ajustaron al ordenamiento jurídico.
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