La investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en Bogotá, avanza con José Rojas Lárez, de 29 años, privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Mientras la Fiscalía adelanta las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido, la familia de la menor enfrenta una situación adicional: la hermana de Ana Lucía, de 24 años, fue desalojada del apartamento de Mosquera donde vivía con el hoy procesado.
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La situación fue revelada por Daniel Solarte, abogado de la familia de Ana Lucía, en entrevista con Noticias Caracol, medio que dio a conocer los nuevos detalles del caso.
De acuerdo con el abogado de la familia, la Fiscalía logró avanzar en la investigación durante los primeros días posteriores al crimen y presentó elementos que, según su valoración, permiten sostener la acusación contra Rojas.
Solarte aseguró que el comportamiento atribuido al procesado habría evidenciado, desde su perspectiva, un nivel de planeación y violencia que ahora deberá ser analizado dentro del proceso judicial.
El abogado también sostuvo que la menor habría sido utilizada para causar daño a su hermana mayor, pese a que, según afirmó, Ana Lucía no tenía relación con los conflictos que existían entre los adultos.
“Terminó pagando los platos rotos de esta persona”, señaló Solarte, según Noticias Caracol.
Estas afirmaciones corresponden a la postura de la representación de la familia y deberán ser contrastadas y establecidas dentro del proceso judicial. Uno de los aspectos relevantes de la investigación es que, hasta el momento, la Fiscalía no ha identificado públicamente a otros presuntos responsables o cómplices del crimen. La hipótesis conocida vincula directamente a Rojas Lárez con los hechos.
Sin embargo, el abogado de la familia considera que los resultados de los exámenes practicados al cuerpo de la niña podrían aportar nuevos elementos a la investigación y eventualmente modificar o ampliar la calificación jurídica de las conductas investigadas.
Por ahora, cualquier decisión adicional dependerá de los resultados forenses y de las pruebas que continúe recopilando el ente acusador. Con la medida de aseguramiento, Rojas Lárez deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.
Solarte explicó que el caso tendrá que llegar a una etapa de juicio oral y público, en la que la Fiscalía deberá presentar y sustentar las pruebas que tiene contra el procesado.
El abogado considera que los elementos recopilados hasta ahora serían suficientes para respaldar la acusación, aunque será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal del acusado.
Es importante recordar que la imputación y la medida de aseguramiento no constituyen una sentencia condenatoria. Rojas Lárez mantiene el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el juicio.
A la tragedia familiar se suma ahora la situación de la hermana mayor de Ana Lucía. La mujer, de 24 años, residía en un apartamento de Mosquera, Cundinamarca, junto a Rojas Lárez. Según el abogado, ambos llevaban aproximadamente un año y medio de relación y anteriormente habían convivido en el estado de La Guaira, en Venezuela.
Tras lo ocurrido, la joven fue desalojada del inmueble por decisión del propietario. Según explicó Solarte a Noticias Caracol, la mujer solamente pudo permanecer una última noche en el apartamento antes de tener que buscar otro lugar para vivir. “Se encuentran totalmente desprotegidos”, manifestó el abogado al referirse a la situación que atraviesa la familia.
La representación legal aseguró que la joven quedó en una situación de inestabilidad económica y habitacional, por lo que sus allegados están buscando alternativas para poder establecerse nuevamente.
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Familia busca llevar el cuerpo de Ana Lucía a Venezuela
Otro de los desafíos que enfrenta la familia es la entrega y posterior repatriación del cuerpo de Ana Lucía.
Los familiares esperan poder trasladar los restos de la niña hasta Venezuela, donde quieren darle sepultura. Sin embargo, el trámite representa una dificultad adicional debido a la situación económica de la familia.
Solarte explicó que se trata de personas de escasos recursos, por lo que hizo un llamado a la solidaridad de quienes puedan contribuir con los gastos relacionados con la repatriación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación para establecer todas las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de la menor.
El caso sigue bajo proceso judicial y, además de determinar la responsabilidad de Rojas Lárez, las autoridades deberán establecer si existen otros elementos o personas que deban ser vinculados a la investigación.
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