A las puertas de la crucial segunda vuelta presidencial, un nuevo escándalo sacude los cimientos de la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Una rigurosa investigación periodística realizada por el portal La Silla Vacía dejó al descubierto un masivo cruce de datos entre los correos electrónicos de la base de datos de Función Pública y la plataforma de voluntarios de la candidatura de Cepeda. El resultado es alarmante: al menos 900 contratistas y 150 funcionarios públicos de todo el país figuran con usuarios activos apoyando abiertamente la aspiración del candidato oficialista.
El hallazgo ha encendido las alarmas institucionales debido a que la legislación colombiana prohíbe de manera tajante la participación en política de los funcionarios y servidores públicos. Aunque en el caso de los contratistas de prestación de servicios no existe una restricción legal directa, su masiva inclusión evidencia un preocupante vaso comunicante entre la burocracia del Estado y la campaña electoral.
La recolección de estos apoyos se realiza a través de Michi, la plataforma digital de voluntarios diseñada por el equipo de Cepeda. Para ingresar a este sistema, los usuarios deben registrar su correo electrónico, cédula, celular, ubicación exacta y especificar el tipo de soporte que brindarán. De acuerdo con el diseño de la plataforma, un voluntario puede registrarse para ser desde testigo electoral y creador de contenido digital, hasta aportar su propio vehículo para el transporte de votantes el día de las elecciones.
Desde la campaña de Iván Cepeda argumentaron a La Silla Vacía que cuentan con un universo de 200.000 voluntarios registrados. Explicaron que esta abultada cifra obedece tanto a inscripciones orgánicas y directas como a la migración masiva de bases de datos viejas de los partidos que integran la coalición Alianza por la Vida y el Pacto Histórico, asegurando que todos firmaron previamente términos de aceptación voluntaria.
El rastreo de La Silla Vacía arrojó que los 1.050 correos coincidentes están repartidos en 217 entidades públicas, que van desde ministerios hasta pequeñas personerías municipales. No obstante, la mayor concentración de “voluntarios” estatales se encuentra en las instituciones de orden nacional encargadas de la productividad agraria, las cuales han sido fuertemente cuestionadas por su politización durante el gobierno de Gustavo Petro.
La entidad con mayor número de registros es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un fortín burocrático que vio incrementado su presupuesto notablemente. Casualmente, hasta hace solo dos semanas, la ANT estuvo dirigida por Felipe Harman, quien renunció a su cargo directivo para sumarse al equipo de campaña de Cepeda tras la derrota en primera vuelta bajo la consigna de que “la remontada arranca ya”. Detrás de la ANT, los primeros lugares de voluntarios registrados los ocupan la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, ambas adscritas al Ministerio de Agricultura.
A nivel regional, la concentración de funcionarios y contratistas se dispara en tres departamentos clave:
- Casanare: Territorio que lidera la lista y cuyo gobernador, César Ortiz, fue avalado por la Alianza Verde.
- Valle del Cauca: Segundo fortín electoral del petrismo en la lista, a pesar de que sus mandatarios locales no son afines al Gobierno.
- Boyacá: Tercer lugar en registros, departamento liderado por Carlos Amaya, actual aliado de la coalición de Cepeda.
La investigación tomó un giro aún más complejo cuando el medio consultó directamente a algunos de los altos funcionarios que aparecen con usuario activo en la plataforma “Michi”. De los 79 servidores de entidades nacionales identificados, tres ocupan cargos directivos de alto nivel, y dos de ellos aseguraron no tener idea de por qué sus datos estaban siendo usados en actividades políticas.
“Adelantaré las actuaciones pertinentes para esclarecer el origen de dicha información, verificar la existencia del registro reportado por usted y salvaguardar mis derechos como titular de datos personales”, respondió de manera tajante Sandra Milena Barrios, directora de la Junta Central de Contadores.
En una línea similar se pronunció Magaly Cala, jefa de gabinete del Ministerio de Vivienda, quien manifestó desconocer que sus datos de contacto aparecieran vinculados a la campaña. Por su parte, Dolcey Reales, director de la regional Caribe de Migración Colombia, prefirió guardar silencio ante los requerimientos de la prensa.
En las regiones, el panorama incluye a 71 servidores públicos, en su mayoría de nivel asistencial como técnicos y secretarios, donde el grupo más grande es el de los profesores (13 inscritos). Sin embargo, el caso más flagrante de presunta participación ilegal en política lo ostenta Adrian Pabón Luna, actual alcalde del municipio de Almaguer (Cauca), elegido por los partidos del Mais y el Polo Democrático, quien figura con su correo oficial en la lista de voluntarios de Cepeda.
Ante estas inconsistencias y los registros no autorizados de altas funcionarias, la campaña del Pacto Histórico se defendió señalando que el error se debió a que esos nombres ya venían incluidos en los listados históricos de los partidos fundadores (como la Colombia Humana), y aclararon que, en el caso específico de la jefa de gabinete de Minvivienda, tras llamarla y no poder localizarla, fue excluida del equipo definitivo de escrutinios.
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