El salario mínimo de Colombia para 2027 no debería subir más de 7 %, según una propuesta del Centro Javeriano de Competitividad (CJC), iniciativa académica de la Pontificia Universidad Javeriana y recopilada por Portafolio. De aplicarse esa recomendación, el ingreso básico llegaría a un máximo de $1.873.468, sin incluir el auxilio de transporte. El planteamiento será uno de los puntos que entrarán en discusión durante la próxima negociación entre el Gobierno, los empresarios y las organizaciones de trabajadores.
La propuesta está contenida en el informe ‘Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027’, que advierte sobre la diferencia entre el crecimiento de los ingresos de los trabajadores y el desempeño de la economía. Según los cálculos del Centro, entre 2021 y 2026 el poder adquisitivo del salario mínimo aumentó 32 %, mientras que la productividad por hora trabajada apenas creció 4 %. Al medirla por persona ocupada, incluso se registró una reducción de 3 %.
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Por esa razón, el CJC considera que el incremento del próximo año debería limitarse a compensar la inflación de 2026, que en sus proyecciones no superaría el 7 %. La entidad recomienda no sumar puntos adicionales por productividad, pues considera que esa fórmula no corrige los desequilibrios acumulados cuando el salario mínimo real ya ha aumentado por encima de la capacidad productiva.
Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, explicó que la discusión debería tener en cuenta periodos más amplios y no concentrarse únicamente en los resultados de un año. “La propuesta parte de una mirada de más largo plazo. Aunque en la negociación anual suele utilizarse el crecimiento de la productividad del año en curso, consideramos que también debería analizarse cuánto han avanzado la productividad y el salario mínimo real durante varios años”, señaló. El informe también advierte que el mínimo pasó de representar el 59 % del salario promedio en 2021 al 68 % en 2026.
El documento agrega que los aumentos reales del salario mínimo pueden tener consecuencias sobre la contratación formal. Para sustentar esa preocupación, cita una investigación de Flórez, Hermida y Morales, publicada por el Banco de la República en 2022, que calcula que por cada punto porcentual adicional de incremento real podrían dejar de crearse cerca de 26.000 empleos formales y destruirse otros 20.000 al año. El impacto sería mayor en pequeñas y medianas empresas, así como en compañías nuevas. A esto se suma el efecto fiscal: el CJC recoge estimaciones del Carf según las cuales el aumento de 2026 habría representado un costo de $8 billones para las finanzas públicas, al considerar pensiones, nómina estatal e impuesto de renta.
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Además del límite del 7 %, el Centro presentó otras dos recomendaciones. La primera consiste en permitir que los jóvenes de entre 18 y 24 años que ingresen por primera vez al empleo formal reciban durante sus primeros seis meses un salario equivalente al 70 % del mínimo general. Desde el séptimo mes, pasarían a recibir el salario mínimo completo. La iniciativa busca facilitar su entrada al mercado laboral y, según el CJC, no contempla subsidios de nómina ni deducciones tributarias que impliquen un costo fiscal directo.
La tercera propuesta plantea establecer una regla legal para los casos en los que no haya consenso entre Gobierno, empresarios y trabajadores sobre el aumento anual. El CJC sugiere modificar la Ley 278 de 1996 para que, si fracasa la concertación, el Ejecutivo fije por decreto un incremento equivalente a la variación anual del IPC nacional entre noviembre y noviembre, con base en las cifras del Dane. Para poner en marcha esta fórmula sería necesario tramitar un proyecto de ley ante el Congreso. Así, el informe propone que la discusión de 2027 tenga en cuenta no solo el poder adquisitivo, sino también la productividad, el empleo formal y las cuentas del Estado.
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