El tablero político colombiano vive horas de alta tensión tras una serie de movimientos internacionales que golpean directamente a los sectores más cercanos al petrismo. Las reacciones no se han hecho esperar en los diferentes espacios de opinión, destacándose los recientes comentarios del reconocido analista y periodista Felipe Zuleta en los micrófonos de Blu Radio, donde lanzó una ácida e ironizadora advertencia sobre el futuro judicial y migratorio de algunas de las fichas políticas más influyentes del Caribe.
Durante su intervención en el espacio radial, Zuleta no dudó en señalar que las recientes decisiones internacionales podrían escalar de nivel y traer consecuencias peores para los implicados. “La verdad es que podrían incluirlos en la Lista Ofac por corrupción. Martha Peralta puede volver a París, a ella le gusta mucho. Puede volver al mismo apartamento con vista a la torre Eiffel”, expresó el comunicador con evidente sarcasmo, desatando una ola de reacciones.
Esta postura sintoniza directamente con el sorpresivo anuncio emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual confirmó la revocatoria de visas a dos figuras clave asociadas al círculo de influencia del expresidente Gustavo Petro: el empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta. A través de un comunicado oficial, las autoridades norteamericanas enfatizaron que la medida busca defender la gobernanza democrática y sancionar de manera drástica la corrupción transnacional bajo los lineamientos actuales de la administración estadounidense.
El caso de la congresista Martha Peralta llama poderosamente la atención en los pasillos judiciales y políticos, debido a que es una de las pocas figuras vinculadas indirectamente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que hasta el momento no enfrenta medidas formales por parte de la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia. Para amplios sectores de la opinión pública, Peralta se ha convertido en el símbolo de los cuestionamientos por el presunto desvío de recursos destinados a mitigar las necesidades básicas en el departamento de La Guajira, incluyendo el polémico episodio de los carrotanques.
Por otro lado, la situación de Euclides Torres reviste una enorme gravedad política y económica. Torres es señalado de haber sido uno de los principales financiadores de las actividades proselitistas del exmandatario Gustavo Petro, destacándose su aporte económico para la realización del denominado evento de la “P” en la ciudad de Barranquilla, previo al inicio oficial de la contienda presidencial de 2022. Dichas revelaciones salieron a la luz pública durante los interrogatorios adelantados por la Fiscalía con Nicolás Petro, antecedentes que posteriormente habrían tenido correspondencia a través de contratos preferenciales en sectores clave como la transición energética, la instalación de paneles solares y la regulación de transporte.
Analistas políticos advierten que esta ofensiva internacional no ocurre en el vacío, sino que guarda estrecha concordancia con la estrategia impulsada por el actual gobierno de Abelardo De La Espriella. La administración ha desplegado una serie de golpes frontales contra la estructura de poder de los Torres en el Atlántico, comenzando por la reforma al código de tránsito para desmantelar monopolios y abaratar costos en multas y revisiones técnico-mecánicas. A esto se suma el reciente respaldo del Ejecutivo en la disputa limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia por el codiciado corredor universitario y Villa Campestre.
Definir que esta zona tributaria pase formalmente a manos de Barranquilla significaría un revés financiero devastador para Puerto Colombia, principal bastión político de los Torres, reduciendo drásticamente su categoría fiscal de segundo a quinto nivel y limitando de manera considerable su capacidad de maniobra y financiación política. De esta manera, el cerco judicial, político y económico en torno al clan familiar se estrecha cada vez más, reconfigurando por completo el mapa de poder en el Caribe colombiano.
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