Un expediente de 305 páginas reúne los elementos con los que la Corte Suprema de Justicia acusó al senador Álex Flórez por el delito de violencia intrafamiliar agravada contra su expareja, Johanna Peláez Botero.
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Entre las pruebas, reveladas por Semana, aparecen conversaciones telefónicas, reportes médicos y movimientos relacionados con contratos y ayudas económicas que, según el alto tribunal, habrían incidido en la relación entre ambos.
Según la revista, la investigación reconstruyó varios episodios ocurridos entre 2020 y 2021, cuando Peláez estaba embarazada. Uno de los hechos centrales habría ocurrido el 18 de febrero de 2021, después de que ella le comunicara a Flórez que esperaba un hijo. De acuerdo con el expediente, el entonces concejal de Medellín habría reaccionado con violencia y le habría exigido interrumpir el embarazo.
Los registros médicos de la EPS Sura y las fichas del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) también hacen parte del material revisado por la Corte. En esos documentos quedaron consignadas lesiones y alertas relacionadas con una posible agresión. El alto tribunal indicó que no encontró elementos para concluir que las heridas hubieran sido provocadas por la propia mujer.
A ese material se sumaron las interceptaciones telefónicas realizadas entre mayo y agosto de 2023. En conversaciones con personas cercanas, Peláez habría relatado episodios de maltrato físico, psicológico y económico. En una de ellas aseguró que recibió una agresión cuando informó sobre su embarazo y describió la presión que, según su versión, vivió durante ese periodo.
Las grabaciones también registraron el impacto emocional que habría tenido la situación. Peláez habló de una crisis durante la gestación y contó que llegó a contemplar quitarse la vida. Esos testimonios forman parte de las pruebas que la Sala de Instrucción evaluó para sustentar la acusación contra el congresista.
El papel de los contratos y el dinero en la investigación contra Álex Flórez
Otro componente del expediente está relacionado con oportunidades laborales que habría conseguido Peláez en entidades públicas de Medellín. La Corte examinó contratos con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD), gestionados entre febrero y marzo de 2021, cuando se habrían presentado los episodios investigados.
Los investigadores recopilaron testimonios de antiguos coordinadores y reportes de policía judicial sobre esos vínculos. Según la información analizada por el alto tribunal, algunas personas que trabajaban en las entidades no identificaban a Peláez ni tenían claridad sobre cómo había llegado a ocupar esos cargos o sobre las labores que debía cumplir.
La Sala de Instrucción consideró que esos contratos podrían haber funcionado como una forma de dependencia económica. También revisó la suspensión de una ayuda mensual de 750.000 pesos que, según el expediente, Flórez dejó de entregarle entre enero y julio de 2021. Para la Corte, la interrupción de ese apoyo en medio de la vulnerabilidad económica de la mujer habría constituido una forma de presión.
El alquiler de un apartamento también quedó bajo revisión. Según la investigación, el senador habría asumido el pago de un inmueble en Medellín, cuyo arriendo era de 1.650.000 pesos, mediante la intervención de dos colaboradores que posteriormente ingresaron a su Unidad de Trabajo Legislativo. El alto tribunal analizó esos apoyos como parte de una posible estructura de dependencia y control económico.
Por qué la Corte no dio por cerrada la investigación tras la retractación
En marzo de 2025, Peláez apareció en un video junto al senador y aseguró que nunca había sido víctima de agresiones por parte de él. En esa intervención sostuvo que la denuncia había surgido en medio de un conflicto personal y atribuyó el caso a intereses políticos contra Flórez.
El congresista ha utilizado esa retractación como parte de su defensa y ha señalado que el proceso responde a una persecución política. Sin embargo, la Corte examinó las declaraciones posteriores de la mujer junto con las conversaciones interceptadas, los registros médicos y los demás elementos recopilados durante la investigación.
La Sala de Instrucción también revisó un acuerdo económico que Flórez habría firmado después de que el caso adquiriera relevancia pública. El documento establecía pagos de siete millones de pesos mensuales para la manutención del hijo que tienen en común. Para los investigadores, la situación económica y las responsabilidades de crianza pudieron influir en el cambio de versión de Peláez.
Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la Corte concluyó que la retractación no eliminaba los elementos que sustentaban la acusación. El senador deberá responder ante la justicia por violencia intrafamiliar agravada, mientras el proceso avanza hacia la etapa de juzgamiento. La decisión de acusarlo no equivale a una condena ni establece por sí sola su responsabilidad penal.
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