El movimiento constante de hechos impactantes en Colombia lleva a que, luego de 3 meses del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, el drama de miles de damnificados haya pasado a un segundo (y hasta tercer) plano.
Si bien es inevitable que esto suceda en medio de la realidad, resulta pertinente poner la lupa en algunas situaciones que parecen insólitas y sobre las que a la vez resulta práctico poner en el radar.
Quien escribe, como afectado de primera mano, replica esta información como parte de un servicio en el que más de una persona puede estar perdida, pero también a la espera de saber qué viene en este panorama de incertidumbre.
Uno de los temas más delicados gira alrededor de los servicios públicos, ya que a pesar de los anuncios que se hicieron durante los primeros días es determinante tomar acciones para evitarse dolores de cabeza.
Cabe recordar que una de las medidas fue ofrecer un alivio como parte de la emergencia del terremoto, tema en el que el presidente Abelardo de la Espriella fue enfático como apoyo para los estratos 1, 2 y 3.
Lo cierto es que Pulzo consultó en el caso de los prestadores de Dosquebradas y se encontró con una solicitud especial de parte de las diferentes empresas para los usuarios, caso que seguramente se replica en el resto de ciudades y municipios afectados.
La recomendación es clave ya que desafortunadamente se registró la facturación en los diferentes casos y, aunque está congelado, es necesario llevar a cabo la aclaración en cada caso.
El llamado de las compañías es para que los usuarios se presenten para llevar a cabo la suspensión o la cancelación de contrato, en los casos en los que la vivienda esté inhabilitada.
Otro punto a tener en cuenta es que la suspensión solo aplica a un tiempo determinado, por lo que si pasa un año se puede renovar el cobro en cuestión. Eso es clave para decidir qué se quiere hacer.
De hecho, hay una confusión que se ha difundido entre los funcionarios y los usuarios sobre el supuesto cobro del cargo fijo, que para el caso no aplica debido a la legislación colombiana.
Es importante tener en cuenta el artículo 3 de la Ley 1506 de 2012, donde se dispone que los suscriptores o usuarios cuyos inmuebles se encuentren, como consecuencia del desastre, en condiciones que imposibiliten la prestación del servicio, no serán objeto de facturación o cobro por ningún concepto hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para su prestación segura.
La norma indica que esta medida responde a la imposibilidad material de prestar el servicio y es independiente del subsidio excepcional y de la condición de usuario perteneciente a un estrato subsidiable de conformidad con la Ley 1506 de 2012.
En medio de las respuestas poco claras de las autoridades ante el terremoto, Pulzo confirmó con las tres empresas prestadoras de servicios públicos (energía, agua y gas) que esta legislación aplica.
Por esa razón, las compañías insisten en que los usuarios se acerquen para llevar a cabo los derechos de petición para hacer las correcciones de los respectivos casos, ya que por sí mismos no se hacen debido a la automatización de los sistemas.
Uno de los temas que parece incómodo y para algunos inverosímil es el de las realidades en cada una de las copropiedades que resultaron completamente afectadas por el movimiento sísmico.
Por esa razón, es importante aclarar que los propietarios de apartamentos destruidos deben pagar la administración así el bien haya quedado demolido, ya que la legislación colombiana lo indica de esta manera.
Cabe remarcar que a pesar de que algunos tienen pólizas de seguro que cubren cierto tiempo de ese pago, esto no aplica hasta que no se ejecute la afectación correspondiente de ese servicio.
Además, por más indignante que parezca, ese cobro es permanente porque las personas son parte de esa copropiedad, lo que también les da derechos y deberes sobre las zonas comunes.
Asimismo, a la espera de saber cómo funciona el Fondo Milagro, una de las grandes dudas pendientes gira alrededor del pago del impuesto predial de los próximos años para las viviendas que quedaron inhabitables y hasta demolidas.
Pulzo consultó por medio de un derecho de petición al tema, pero todavía no hay respuesta sobre si se debe llevar a cabo, si el cobro es por el mismo precio que tenía antes del terremoto o si existe alguna clase de nueva decisión.
Lo llamativo es que el silencio sobre un tema que parecería más que evidente se suma entre los enredos insólitos que vive más de uno de los miles de damnificados que no solo quedó en medio de los escombros sino con un montón de dudas aún sin resolver.
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