Escrito por:  Redacción Nación
Oct 7, 2026 - 10:53 am

En medio de denuncias y señalamientos en Colombia, los damnificados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) afrontan un insólito e inesperado golpe administrativo e institucional.

La controversia surgió luego de que la Alcaldía de Dosquebradas pusiera en duda la gratuidad de los trabajos de demolición de la destruida Torre 3 en la urbanización Quintas del Jardín Colonial.

El pasado 10 de septiembre, la Administración Municipal publicó en sus redes sociales un mensaje contundente garantizando que los operativos de derribo no tendrían cobro alguno para los propietarios.

“¡No caiga en engaños! La Alcaldía de Dosquebradas a través de la Secretaría de Obras Públicas adelanta la demolición de viviendas en Quintas del Jardín Colonial y en otros sectores del municipio”, afirmó la entidad.

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La publicación oficial agregó: “Estas demoliciones no tienen ningún costo para los propietarios: son asumidas directamente por la Administración Municipal. No crea en cobros, cadenas o información falsa”.

Este es el video en el que el administrador del conjunto aparece, junto al mencionado mensaje municipal:

Sin embargo, una respuesta a una PQR con fecha del 29 de septiembre de 2026, firmada por el secretario Gabriel Calvo Quintero, modificó drásticamente la postura de la Alcaldía sobre la demolición en Quintas de Jardín Colonial.

El documento oficial aclaró que en la Resolución 1477 del 19 de agosto de 2026 “no se encuentra dentro de su parte motiva ni resolutiva una disposición que establezca expresamente que los gastos” serán asumidos por el Municipio.

Asimismo, el despacho precisó que el artículo 5.º dispone la ejecución material mediante la Secretaría de Obras Públicas, pero aclara que “dicha disposición no constituye una determinación expresa sobre la asignación o imputación de los costos”.

Por esta razón, la administración municipal indicó que no es posible afirmar que la demolición corra por cuenta del erario, retractándose implícitamente de los compromisos divulgados públicamente en plataformas digitales.

En cuanto a la póliza del conjunto, la entidad indicó que no se ha tomado decisión alguna sobre su afectación, dejando la incertidumbre financiera sobre los propietarios.

Pulzo se comunicó con la Alcaldía de Dosquebradas para conocer su postura al respecto de esta determinación, pero no hubo respuesta hasta el momento sobre este cambio de postura.

Sumado a este revés institucional, Pulzo conoció por medio de la comunidad que la gestión interna del conjunto habitacional atraviesa un ambiente de tensión y profundas molestias.

Algunos afectados señalaron que el representante legal y administrador de Quintas de Jardín Colonial, Fabio Alberto González Rodríguez, no ha compartido con los damnificados la comunicación de la Alcaldía.

De hecho, algunos funcionarios expresaron su extrañeza por esa actitud, ya que contaron que muchas de las decisiones se le han presentado al administrador sin que este las replique ante los afectados.

Además, miembros de la comunidad criticaron que el administrador solo ha emitido tres comunicados oficiales durante los 58 días transcurridos desde el fuerte sismo del 10 de agosto, con lo que se mantiene en un enigma a pesar de que hay 77 familias afectadas y que no tienen respuesta de qué viene.

Vecinos manifestaron que González ha mantenido actitudes distantes y respuestas consideradas agresivas o retadoras hacia algunos damnificados en medio de la tragedia, usando frases como “demándeme” ante los reclamos.

La indignación aumentó cuando el administrador decidió no asistir a una reunión crucial con funcionarios de la Alcaldía de Dosquebradas celebrada el pasado 29 de septiembre.

Igualmente, existe incomodidad en la comunidad por lo que catalogan como “extraño” el comportamiento, algo que se suma a un comunicado del Consejo de Administración que evidencia la falta de respuestas definitivas.

En dicho boletín, el Consejo informó que “a la fecha debemos informar con absoluta transparencia que aún no se cuenta con una respuesta definitiva” por parte del administrador Fabio González sobre los estudios técnicos. De hecho, se insistió en que se debe continuar con el pago de la administración a pesar de que la póliza ofrece un alivio temporal de 6 meses (aún no aplicable).

A pesar de que la aseguradora HDI ya hizo la visita del caso para la afectación de la póliza, luego de casi dos meses no se conocen avances por parte de González en esta gestión y hasta lo han señalado sobre un supuesto interés de usar la chatarra de los escombros para la venta.

Sobre esos temas, el administrador no ha dado ninguna clase de respuesta, en medio de un hermetismo que se suma a la incertidumbre por la respuesta por parte de la alcaldía.

Los propietarios continúan exigiendo claridad administrativa y respaldo gubernamental directo para superar la crisis desatada por el colapso estructural de sus viviendas.

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