En la nueva etapa de violencias que vive Colombia, caracterizada por el control territorial de grupos armados que buscan fortalecer sus economías ilícitas antes que alcanzar el viejo objetivo de acabar con el Estado, el capítulo de Santa Marta se presenta como el verdadero modelo de la forma como el presidente Abelardo de la Espriella enfrentará el problema de orden público en el país. El control territorial les permite a los ilegales amenazar con lo que llaman ‘paros armados’, una forma de paralización que le plantea un serio desafío a cualquier gobierno.
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Pero hasta esa forma de violencia usada por los grupos irregulares para ejercer su gobernanza armada, demostrar control territorial o mandar mensajes, también ha evolucionado. A comienzos de este siglo, los académicos identificaron los dos tipos de ‘paros armados’ más comunes: los reivindicativos, para exaltar alguna de sus banderas históricas o protestar contra alguna política de autoridades nacionales o locales, y los confrontacionales o retaliativos, para responder a la presencia de otro actor armado en la zona o en respuesta a las acciones armadas de este actor.
La única perjudicada es la población civil
En todos los casos, la amenaza y ejecución de un ‘paro armado’ no es más que un tipo adicional de violencia en el repertorio de las organizaciones criminales en el que también hay asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, secuestros, extorsiones, desplazamientos foezados, confinamientos, despojos de tierras, violencia sexual, reclutamiento de niños, siembra de minas antipersonal, entre otros, ejecutados con distintos propósitos y con variaciones importantes.
En los ‘paros armados’ de la actualidad, como los que provocan con frecuencia el Eln en Chocó, Cauca y Arauca, las disidencias de las Farc en el suroriente de Colombia, o el ‘Clan del Golfo’ y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el norte, esos grupos ilegales cambian la condición de la población civil, a la que usan habitualmente como escudo para protegerse de las acciones de la fuerza pública, y pasan a atacarla: la amenazan, le disparan o le arrojan explosivos si no suspende sus actividades cotidianas, es decir, cerrar locales, dejar de prestar los servicios de transporte o educación, entre otros.
Hoy el país padece desde ‘paros armados’ como los que ordena el Eln en Chocó, según ese grupo para “proteger a la población de grupos narcoparamilitares y del Ejército”, hasta el que pretenden imponer las ACSN, en Santa Marta y el norte del país por el abatimiento de algunos de sus cabecillas. Sin importar de qué pelambre sea el grupo que lo provoca, ni la causa por la que lo hace, un ‘paro armado’ pone en el centro de la confrontación y perjudica solo a la población civil. No existe ninguna reivindicación que lo explique o lo justifique.
En el caso de Santa Marta, por ejemplo, la intimidación de las ACSN está perjudicando el turismo, principal motor económico, social y cultural de la ciudad, pues impulsa el empleo, la inversión y el reconocimiento global de la ciudad. Por la alteración del orden público, la embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos que estén o transiten por Santa Marta y áreas de los departamentos de Magdalena y La Guajira, especialmente en el corredor vial de la Troncal del Caribe (Ruta 90), el sector de Palomino, los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona y la Zona Bananera.
Un monstruo con muchas cabezas
Lo que sí queda al descubierto con el ‘paro armado’ de las ACSN es la gobernanza armada que han consolidado esos grupos en el país, que comenzó hace varios años atrás, pero se consolidó en medio de los procesos de diálogo que abrió el gobierno de Gustavo Petro. Eso es lo que está viendo hoy el país cuando Abelardo de la Espriella decidió levantar la alfombra para limpiar.
Ante la escoba no solo quedaron expuestas pequeñas alimañas, sino un engendro que ha madurado en la sombra: una suerte de para-Estado que impone sus condiciones sobre regiones enteras, unas veces ante la ausencia del Estado, y otras veces con su anuencia.
Eso puso a Colombia ante un aparente trilema: 1) mirar para otro lado y permitir que el esperpento siga creciendo y apoderándose del país; 2) abrir un espacio para el diálogo, un ambiente en el que el adefesio aprendió también a robustecerse y expandirse; o 3) confrontarlo con las armas de la República en estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley. La tercera opción, por su puesto, es la que tiene irritado a ese monstruo que se parece a la mitológica Escila por tener varios cuellos largos con cabezas de perro o serpiente con múltiples hileras de dientes afilados. Así lucen hoy en conjunto los diferentes grupos armados ilegales del país.
Esta vez, Santa Marta sufre una de sus embestidas en forma de ‘paro armado’. Es apenas una de las primeras, a juzgar por la determinación de De la Espriella de confrontarlo donde quiera que se manifieste. En la capital del Magdalena, la amenaza de las ACSN es por 72 horas, aunque esos plazos suelen prolongarse de facto debido al miedo o a retaliaciones. Según estudios académicos sobre el conflicto, la duración varía desde unos pocos días hasta semanas, sin superar por lo general el mes continuo en una misma declaratoria.
Por eso, tarde o temprano, Santa Marta volverá a la normalidad, y en eso también juegan un papel fundamental los atribulados ciudadanos. Su resistencia es clave. De la manera como resuelva el Gobierno esta situación, el país puede entender cómo serán los cuatro años que le quedan a De la Espriella.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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